El Presidente Maduro anunció un nuevo viaje a la China, después de que de manera irresponsable por su verbo y por su acción, ha incendiado la frontera al decretar el estado de excepción en el Táchira, avalado de manera incondicional por un Poder Judicial y Legislativo sumisos a los designios del Ejecutivo. El viaje improvisado e inoportuno del Mandatario se anuncia mientras los Gobiernos del Hemisferio preocupados por la situación fronteriza existente entre Venezuela y Colombia, convocan reuniones extraordinarias en la OEA, en UNASUR, en la ONU, con el fin de facilitar una solución pacifica al drama que viven miles de deportados humildes a quienes se les expulsa sin el debido proceso, y se les acusa injustificadamente de ser paramilitares y de ser los responsables del desabastecimiento.
Lo cierto es que millones de venezolanos sufrimos hace algún tiempo diariamente las consecuencias del colapso económico, financiero, institucional, social, político y ético, que ahora se le quiere trasladar a los vecinos al pretender criminalizarlos y no asumir la propia responsabilidad debido a la incapacidad administrativa de nuestros Gobernantes. No es con el ruido de los tambores de guerra ni con la destrucción de viviendas de los deportados pobres que se solucionaran las inmensas colas que se repiten en todo el territorio nacional, de ciudadanos en búsqueda de leche, pollo, mantequilla, pañales, medicinas. No es achacándole la culpa a los portales informativos por publicar la tasa del dólar paralelo en la frontera como se frenará la espiral cambiaria, sino adoptando medidas acertadas y no propiciando la multiplicidad absurda de varias tasas de cambio oficiales (que además no se otorgan debidamente). No es asumiendo la posición de
victimas ante una guerra económica inexistente; o denunciando una conspiración capitalista mundial contra Venezuela; o afirmando que el “país de las mil maravillas” es caricaturizado por la prensa mundial para derrocar un Gobierno por sus “grandes aciertos revolucionarios”, o repitiendo una y otra vez que nuestro país es el primero en la vigencia, promoción y protección de los derechos humanos, cuando se vive el drama de una perversa realidad en la que se radicalizan innumerables excesos deteniendo a Alcaldes electos por el pueblo, destituyendo a parlamentarios por ser críticos, o llenando las cárceles de jóvenes manifestantes por el simple hecho de disentir de la los errores que se multiplican.
Es evidente que los problemas fronterizos existen y que deben ser resueltos, pero reuniendo de manera responsable a Ministros, Gobernadores, Alcaldes (de gobierno y oposición), parlamentarios, empresarios, rectores, trabajadores de ambos países, y representantes de la sociedad civil, para encontrar soluciones efectivas ya que ambos países resultamos afectados por el crimen organizado –en los que encontramos tolerancia o corrupción en ambos lados de la frontera. Ese diálogo debe hacerse de manera urgente, serena y evitar las contradicciones de una política de Estado pendular en la que un día se rulle con el mazo del chantaje, para luego convocar marchas de “amor y unidad con los hermanos de Colombia” y al tercer día improvisar un viaje a las antípodas sin resolver el terremoto causado. Solo con un dialogo sincero -que beneficie a las poblaciones de ambos países- es que lograremos propiciar una integración real y constructiva en la que todos salgamos beneficiados. De allí la importancia de lograr un nuevo equilibrio político a partir de las elecciones del 6 de diciembre, en la que los nuevos actores mayoritarios favorezcan la transición y las soluciones de fondo tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
