El gobierno se ha empeñado en tener el control de todas las dimensiones sociales, tanto públicas como privadas y ha descuidado su tarea más básica: garantizar el derecho a la vida. Ha volcado todas las instituciones del Estado al servicio del poder en sí y no al servicio de la protección de la vida y la convivencia pacífica, dejando a su paso un país herido de muerte y necesitado de sanación.

Escalada de violencia

La escalada vertiginosa de muertes violentas corrobora esta dolorosa realidad. Pese a que el Gobierno ha anunciado en estos quince años veintiún planes de seguridad, cada año que pasa los indicadores son más dramáticos. En diciembre de 2014 afirmábamos:

“Son cifras de un país en guerra… en 2009 fueron 20 mil 875; 2010, 21 mil 080; 2011, 21 mil 866; 2012, 24 mil 057; 2013, 24 mil 230”.
Para 2014, el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), nos indica que rondamos la dolorosa cifra de 24 mil 980 muertes violentas. Esta escalada ha ido generando en la población un efecto perverso: “Se percibe la muerte violenta como un hecho cotidiano normal”. El sagrado respeto por la vida se está perdiendo. Somos una sociedad enferma y anestesiada.

Un dato escalofriante

La sumatoria de las nefastas cifras de los últimos seis años nos coloca ante un escenario fratricida de aproximadamente 137 mil 88 asesinatos. Esto implica 137 mil 088 familias heridas por la pérdida injusta de un ser querido, en su mayoría jóvenes masculinos. Si calculamos un núcleo familiar de cinco personas, estaríamos hablando de alrededor de 685 mil 440 personas afectadas por las muertes violentas, sin contar otros parientes y amigos. Son tantos los afectados directa e indirectamente por esta calamidad, que los indicadores superan en números la población de ciudades como San Cristóbal, Mérida y Acarigua. Estos números no incluyen a aquellos que por un evento violento han quedado impedidos y se les ha trastocado totalmente su proyecto de vida.

 Hechos que hablan

Un amigo jesuita relata que iba de visita a un proyecto social en un barrio suburbano. Al llegar como a las 7am, se topó, cerca del centro educativo, con un cadáver abaleado la noche anterior. Se quedó pasmado. Las madres pasaban por el lugar para llevar los niños a la escuela. Al terminar la visita, ya de medio día, la escena se repitió. El cadáver continuaba en la carretera. Perplejo, reflexionó: “La primera vez que vi un cadáver fue a los 30 años de edad, estos niños, ya desde los brazos de la madre, crecen sorteando cadáveres en su trayecto para ir a la escuela”.

Leonardo estaba en la plaza con sus amigos. Conversaba y preparaba la fiesta de sus 18 años. Era 5 de Julio de 2012. La plaza estaba llena de niños jugando. Las madres conversaban en los bancos. En una de las aceras se encontraba un grupo de hombres que estaba bebiendo desde la mañana. Ya borrachos, a uno de ellos se le ocurrió probar un arma, eran como las 5pm. Se escucharon unas detonaciones. Hubo gritos. La gente corrió. Unos se lanzaron a recoger a los niños. Muchos se dispersaron para protegerse de nuevas detonaciones. Leonardo cayó herido de muerte. La madre salió angustiada a socorrer a su hijo pero ya se lo habían llevado al hospital. Permaneció un mes en terapia intensiva. Murió con el sueño de celebrar sus 18 años. La comunidad indignada quería linchar al asesino. Otros estaban dispuestos a pagar un sicario que vengara la muerte de Leo. La madre, cristiana cabal, se mantuvo firme diciendo: “No quiero que con la sangre de mi hijo se tiñan más des- gracias”. Así, con gran fortaleza espiritual, cortó una espiral de violencia, convencida que el mal solo se vence a fuerza de bien.

Venezuela ante la ONU

La mayoría de estas muertes en el país quedan impunes. El ciudadano de a pie está en la absoluta orfandad. El actual Estado es estructuralmente un aparato ordenado para la impunidad. Además, mantiene una política de desinformación al respecto. No informa y cuando informa maquilla los números. Ante esta política de impunidad y decidida desinformación del Gobierno venezolano, las ONG de DDHH, en junio de 2015, han presentado el informe alternativo ante el Comité de DDHH de la ONU, señalando entre otras cosas que:

«Las muertes violentas representan en Venezuela doce por ciento (12 %) de la mortalidad general, siendo los hombres jóvenes las principales víctimas, creándose una distorsión demográfica en el país. En Venezuela, están muriendo 53 % más hombres que mujeres, quienes además se encontraban en edad productiva. Aunque el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz expresó que la tasa de homicidios ‘podría cerrar’ en 32 homicidios por cada cien mil (100.000) habitantes para el año 2014, el OVV estimó (…) una tasa de ochenta y dos (82) muertes violentas por cada cien mil (100.000) habitantes».

Mutación criminal

La criminalidad está mutando en sus modos y métodos. Los asesinatos son rituales y públicos con el fin de amedrentar e intimidar a la población. Hay asaltos colectivos en autobuses, así como en lugares públicos, instituciones, y en casas de familia. Las ciudades están repartidas, fraccionadas por los negocios e intereses de las bandas criminales. Hay una reorganización. Ya no se trata de las guerras sectoriales entre bandas de un mismo barrio. Ahora una fuerza organizativa mayor, sin rostro pero con poder, ha ido cooptando las pequeñas bandas afiliándolas a corporaciones criminales que les proveen poder de armas, dinero y zonas de control. Los centros educativos se están convirtiendo en lu- gares para el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Los recientes sucesos en el barrio las Torres de La Vega, en la Cota 905, en sectores del estado Miranda y Aragua, sin contar muchos otros del interior del país, son indicadores de esta tragedia nacional: el control territorial por parte de las bandas criminales.

Estos hechos están generando desplazamientos internos de familias enteras. En un pequeño barrio del oeste de Caracas, en 2014, la comunidad cristiana local llegó a contabilizar 31 desplazamientos de núcleos familiares a causa de la violencia criminal

 ¿Qué hay detrás?

Reconocemos que la pobreza y la desigualdad son variables importantes para analizar el tema de la violencia, sin embargo, coincidimos con Roberto Briceño León, al constatar que hay paí- ses más pobres que Venezuela que son menos violentos, y de igual manera, países más desiguales que no presentan indicadores tan escan- dalosos como los nuestros. Entonces, ¿qué hace de Venezuela uno de los países más violentos del hemisferio? El análisis del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) da cuenta de cómo en la medida que desde el poder se han dado señales de irrespeto a los acuerdos sociales de convivencia, minando la institucionalidad y la cohesión social, en esa medida se han incrementado exponencialmente los indicadores de violencia.

¿Qué hacer?

Estamos convencidos que podemos salir de este ciclo fatal del crimen y parir el futuro. Otros países han logrado reducir la violencia asesina significativamente. Creemos que es necesario un pacto social por la vida encaminado a fortalecer la cohesión social, acompañado de una política de reforma del sistema judicial que posibilite recuperar la confianza en el mismo, dejando atrás el ciclo de impunidad que tanto daño nos ha hecho como sociedad. De igual modo, es necesario acompañar este proceso con una estrategia socio-educativa integral destinada a la constitución de un sujeto personal y comunitario denso, autónomo y solidario. Estamos convencidos, desde nuestra presencia orgánica en los sectores populares, que cuando hay personas interiormente densas, el ciclo de la violencia se corta, como en el caso de la madre del joven Leonardo. De igual modo, cuando hay sujeto comunitario, cohesión social, se puede vencer el mal a fuerza de bien. Es nuestra apuesta desde la acera de enfrente en esta Venezuela herida de muerte y necesitada de sanación.