El primer código de leyes escrito que se conoce es el de Hammurabi, algo más de mil setecientos años antes de Cristo. Además de intentar poner orden en las distintas leyes de su reino, Hammurabi quiso civilizar la venganza y convertirla en justicia de modo que el castigo dado por un delito no excediera al mismo delito y esto lo fijó en la conocida ley del talión: “ojo por ojo; diente por diente”. Contra lo que se piensa, no fue una ley cruel sino un intento, primitivo si se quiere, de controlar la crueldad. Muchos siglos han transcurrido desde entonces y la justicia se ha ido codificando en leyes cada vez más civilizadas y, sobre todo, quitándosela al arbitrio de personas y grupos para someterla a procesos bien reglamentados y a jueces independientes y legítimamente constituidos dentro de las estructuras de un Estado deseablemente democrático.
En momentos de crisis de esas estructuras, cuando el Estado deja de cumplir sus funciones o simplemente desaparece, las sociedades retroceden cuatro mil años, a etapas pretalión, y reaparece la pura venganza arbitraria ejercida por grupos o individuos inciviles.
En la Venezuela actual estamos experimentando los primeros signos de tan dramáticas situaciones: empiezan a multiplicarse los linchamientos. En mis archivos cuento hasta cinco para todo el año 2014, pero siete hasta el 25 de junio del presente y, dado que en algún caso dos fueron las víctimas, tenemos ya nueve linchados. Que sepamos. ¿Cuántos más hasta el 31 de diciembre? A lo brutal del hecho hay que añadirle la extrema crueldad de la forma: rociados con gasolina y quemados, desmembrados y en el mejor de los casos apaleados. La gente está harta, dicen. Cierto; harta de vejación, de impotencia y sobre todo de impunidad. Por eso recurre a ejecutar por su cuenta la venganza-justicia, más allá incluso del talión. Podrá estar hasta la coronilla de frustración, pero nada de eso justifica los linchamientos. No sólo violan el derecho a la vida del delincuente, sino que vuelve criminales a los que no lo eran, corrompe su conciencia, pone en peligro a muchos inocentes y va formando en la sociedad la percepción de que eso es justo hacerlo porque no hay quien ponga coto a la inseguridad.
No lo hay ciertamente. Este Estado actual se niega decidida y voluntariamente a hacerlo. Él es el principal y real culpable de la desesperación de la gente y de su consecuente deriva hacia la distorsión moral. Él es quien está corrompiendo la conciencia del país. A él tiene que dirigirse el repudio y la culpabilización de toda la sociedad.
