Previamente, el 25 de abril, la misma funcionaria afirmó que 1.711 personas habían sido detenidas este año por contrabando y acaparamiento, delitos que según ella van encaminados a “desestabilizar la economía”.
En total, por la medida mínima, han sido procesadas penalmente 2.325 personas por los referidos ilícitos. Llama la atención cómo la propaganda oficial justifica la persecución penal a semejante cantidad de individuos, en el marco de la denominada “guerra económica”. Y cómo importantes capas de la población, afectadas directamente por el desastroso desempeño gubernamental, aún creen en la prédica que atribuye la escasez y el brutal incremento de los precios a la conspiración de un grupo de malvados empresarios que nunca terminan de ser expuestos a la luz pública.
Llegamos entonces al nivel en que para hablar de economía también hay que manejar conceptos de derecho y seguridad ciudadana, y viceversa. Esto debido a que la actividad económica está criminalizada.
Todo comenzó en 2003, cuando el entonces presidente Hugo Chávez anunció la creación de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Sus dos argumentos para implantar el esquema de controles al flujo de moneda extranjera fueron: 1) detener la fuga de capitales, y 2) impedir el lavado de dinero.
En ambos aspectos el fracaso fue rotundo. El drenaje de los recursos del país no sólo no se detuvo sino que se aceleró, alimentado por el efecto riqueza ocasionado por la bonanza petrolera. Al respecto, la carta “mea culpa” del exministro de Planificación Jorge Giordani es plena prueba.
Simultáneamente, desde las entrañas del propio Estado se generó toda una clase social enriquecida sobre la base de actividades ilegales a la luz de las normativas improvisadas por el brazo legislativo del propio régimen. Los “boliburgueses” y sus padrinos políticos son ni más ni menos los responsables de que Venezuela llegase a ocupar el octavo puesto en el ránking mundial de países exportadores de capitales ilícitos, según la organización Global Financial Integrity, sólo superada en Latinoamérica por México, donde germinaron las más importantes organizaciones delictivas del hemisferio occidental durante los últimos veinte años. Esta casta nacional hace recordar a los “ladrones en ley” (vor v zakone) de la extinta Unión Soviética.
En Venezuela, tal y como lo señalan Tablante y Tarre, el Estado se transformó en un actor de la criminalidad. Por tal razón, el abogado Bayardo Ramírez Monagas lo denomina “Estado felón” o delincuente. Esta expresión no sólo se refiere a la incorporación de importantes funcionarios en actividades al margen de la ley, sino también a la incapacidad de los propios poderes públicos para implantar los correctivos necesarios de manera oportuna.
Pero hay otro aspecto de esta realidad que ha sido poco tratado, y que se refiere precisamente a las declaraciones de la Fiscal. El propio Estado, con su afán por controlar cada espacio de la vida de los individuos, ha empujado al resto de la sociedad a la ilegalidad.
En este sentido, entonces, tenemos un Estado delincuente y al mismo tiempo criminógeno.
El control de cambios en el país creó delincuencia de varios niveles. Sobre la de ligas mayores aún es poco lo que se sabe. Baste decir que cuando la Dirección de Contrainteligencia Militar se asomó al listado de grandes beneficiarios de Cadivi y del sistema Sucre, reculó y se contentó con detener a un teniente coronel del Ejército, vicepresidente de la oficina de control cambiario, y a un primo hermano señalado de ser su testaferro.
Pero en las “ligas menores” estaba el resto de la población venezolana, arrastrada a la ilegalidad de los mercados negros por decisión del propio Estado. ¿Quién no compró dólares a un amigo o conocido para poder viajar sin estar pendiente de si la tarjeta “pasó” o hacer encargos sin el corsé que imponían los cupos? ¿Quién no adquirió el “electrónico” a algún familiar que no lo usaría? En Venezuela, donde prácticamente todo lo que se consume es importado, la disponibilidad de divisas se transformó en un factor de preservación de la salud y la libertad individuales. Por lo tanto, el control de cambios operó y opera como un mecanismo de control social y político. El Estado permite que el individuo permanezca en la ilegalidad, hasta que sea percibido como incómodo para la permanencia del régimen. Entonces, será objetivo de la “selectividad represiva”, una característica a la que nos hemos referido en otras entregas.
En la «guerra económica» el enemigo es la población
Poco a poco campesinos, amas de casa, transportistas y hasta docentes se incorporan al “bachaqueo”, sin conocer o importarles el hecho de que desafían las normas implantadas por el propio Estado para sostener lo insostenible. Desde luego, con el pasar del tiempo esto también mina la cohesión de las filas oficialistas. Por eso, el contrabando se convirtió de la noche a la mañana en el principal delito cometido por funcionarios militares en el país.En esta misma línea se inscribe la “guerra económica” declarada por Nicolás Maduro. Desde Sun Tzu hasta estos días, uno de los factores vitales para cualquier guerra es poseer una definición clara del enemigo. De lo contrario será imposible determinar cuándo el conflicto será ganado. En el caso venezolano, lo que no se dice es que la “guerra económica” es del Estado contra los individuos, con el Ejército y todos los poderes públicos en el rol de armas de destrucción masiva. Aún así, el bando contrario gana adeptos cada día. En las fronteras de Táchira, Zulia y Apure hay pueblos enteros dedicados al traslado de mercancías a Colombia, que reaccionan iracundos cuando la fuerza pública les impide continuar en lo suyo, como pasó recientemente en un caserío tachirense llamado La Cooperativa.
Breves
*Esta es la historia de lo ocurrido a un conductor que circulaba hacia El Solar del Hatillo, el 31 de mayo en la noche. Algunos detalles fueron omitidos para proteger su identidad. Un relato sobre la impotencia y la ausencia de protección que caracterizan la vida actual del venezolano. Parece ficción pero es cruda realidad:
“(…)me encontraba subiendo en mi carro por la vía que está entre la urbanización Lomas del Sol y el cruce hacia el Solar del Hatillo, cuando inesperadamente apareció una camioneta por detrás, me adelantó e interceptó. Se bajaron tres hombres armados y metí retroceso. Giré el volante para intentar huir en sentido contrario, pero en esta maniobra mi carro volcó. Los hombres armados subieron nuevamente a su carro y dieron vuelta para intentar perseguirme.
“Al verlos bajar hacia donde me encontraba yo volteado, sin mucha posibilidad de poner a salvo mi vida, busqué la forma de poder salir del carro para esconderme en otro lugar. Pero cualquiera de las opciones me colocaba al descubierto y de frente a ellos por lo que decidí esconderme lo más atrás posible (en la cabina), pensando que los hombres podrían disparar al puesto del piloto o del copiloto. Pero los antisociales al encontrase con el accidente decidieron escapar.
“Cuando ya no veía el carro de ellos salí como pude en busca de un lugar un poco más seguro. Decidí esconderme detrás de un árbol donde el monte estaba un poco más tupido. Desde ahí, tirado en el piso para evitar que alguien pudiese verme, con miedo de que pudiesen regresar los antisociales, comencé (con 6% de batería) a llamar a algunos amigos. Pero en vista de la mala señal del lugar no pude lograrlo. En el quinto intento llamé a mi padre. No quería hacerlo porque él sufre de la tensión. Pero no quedaba de otra. Necesitaba salir de ahí y estaba lejos de algún lugar seguro. Esta vez la llamada cayó. Yo estaba asustado como nadie, pero intentaba no transmitir el pánico a mi padre: «Hola, estoy bien, no me pasó nada, pero necesito ayuda, busquen a la policía y vengan para acá», le dije mientras miraba a todos lados estudiando la zona para ver dónde podía esconderme mejor. Pensaba que en cualquier momento volverían los antisociales.
“De repente, de la nada aparecieron unos héroes anónimos en tres carros, desconocidos por mí pero amigos entre ellos. Al ver mi carro se pararon para ver si todo estaba bien. Salí de donde estaba escondido, gritando: «Estoy bien, por favor sáquenme de este lugar, intentaron robarme y pueden volver». Ellos accedieron, agarré un par de cosas de mi carro y me fui con ellos a un lugar seguro lejos de ahí. Nunca colgué el teléfono y mis padres escucharon todo. Seguí hablando con ellos para intentar calmarlos y explicarles adónde estábamos yendo.
“Mientras los héroes anónimos llamaban a la policía e intentaban calmarme un poco llegaron mis padres. Nos abrazamos, dimos gracias infinitas a quienes me ayudaron y fuimos al lugar donde estaba mi carro pues ya habíamos confirmado que la policía estaba ahí. Luego de todo lo acontecido pensé que todo fluiría normal, pero la Policía Nacional en vez de radiar al carro según mi testimonio (a lo cual respondieron que ya PoliHatillo tenía el caso) prefirieron jugar a desmentir todo, en busca de aprovecharse de mi estado anímico para obtener alguna retribución económica. Juego en el cual no caí, y sin dudar defendí el testimonio de lo vivido.
“En vista de que todos mis papeles estaban en regla, que la prueba de alcohol arrojó 0,00% y que su método de presión se hacía cada vez más nulo, me dijeron: «Tenemos que ponerte una multa porque venías retrocediendo». No me quedó más nada que reírme y decirles: «Pónganla».
“Pasé la noche en la clínica haciéndome exámenes. Todo estaba perfecto. Busqué mi carro, lo llevé a mi casa y fui a PoliHatillo a ver si efectivamente tenían el caso, a lo que respondieron: «Te mintieron. Nada sabemos de lo ocurrido. Mi pana, yo no sé cómo usted está vivo».
“Tristemente tal y como luego le dije al CICPC, lo único malo de que no me haya pasado nada es que seguramente a otro le va a pasar. Esto en vista de que la denuncia no procede, pues no hubo ningún acto consumado, ni robo, ni secuestro, ni ajuste de cuentas”.
*En entregas anteriores hemos tratado el tema de los “patriotas cooperantes”, figura equivalente a los informantes confidenciales, utilizada en forma indiscriminada por los cuerpos de seguridad venezolanos para la persecución de opositores políticos, con el aval de jueces y fiscales. En el caso de la técnico en Procesos Químicos Araminta González se le confirió el carácter de soplones a por lo menos dos personas de su propio entorno, quienes a su vez también fueron presionados por los cuerpos policiales. Otros se mezclaron en las manifestaciones a las que ella asistía y la involucraron en un expediente por supuesto terrorismo, asociación para delinquir y otros delitos. La mujer, de 33 años de edad, permanece en los calabozos del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) desde hace más de un año, luego de ser presentada ante el juzgado primero de control del estado Miranda. En otras palabras, el proceso judicial está paralizado. Su abogado José Vicente Haro recaba evidencias sobre las torturas a las que fue sometida para obtener un testimonio incriminatorio contra Vasco da Costa. Hasta ahora ha podido precisar dos procedimientos. El primero, llamado “el masaje” en el argot policial, consiste en envolver al detenido con una colchoneta. Posteriormente, es golpeado en forma repetida mientras le hacen las preguntas de rigor. Los traumatismos se unen a la falta de aire. La otra técnica es conocida como “helicóptero”: al detenido le toman mechones de cabello mientras le dan vueltas hasta que se desprende del cuero cabelludo. Las lesiones, además de dolorosas, tardan mucho en sanar.
*Un informe de la Guardia Nacional advierte sobre el crecimiento de la banda llamada Juvenal en el sur del estado Aragua y en Guárico, territorios donde anteriormente imperaba la organización de José Tovar Colina, alias Picure. Los antisociales son señalados por los secuestros de dos gerentes de la empresa china Ciric y tres fiscales del Ministerio Público, entre ellos el 61 nacional Nohengry Mendoza (6 de mayo). Todos fueron víctimas ocasionales de un grupo que opera en forma cada vez más abierta, manteniendo cautivas a familias enteras en fincas de la región. Los golpes propinados por los cuerpos de seguridad a la banda del Picure desde el año pasado ocasionaron que la banda Juvenal también haya asumido el control de las extorsiones a los hacendados. Algunos son obligados a pagar con ganado o vehículos, pues no disponen de las altas sumas exigidas por los antisociales. La GN atribuye a este grupo los homicidios de tres personas que este año han intentado eludir los “puntos de control” que la banda instala en las vías que comunican a Guárico con el oriente del país. La última víctima fue Fernando José Villanueva de 54 años de edad, quien se negó a entregar una pick up Luv Max el 31 de mayo.
*El país atraviesa por una importante intensificación de la criminalidad. En Caracas, las muertes violentas se han incrementado durante el primer semestre del año 7,2% con respecto al primer semestre del año pasado. Los robos y hurtos de vehículos en permanente aumento, así como delitos asociados como los secuestros, las extorsiones y los asaltos a viviendas. En Zulia matan a cuatro personas en promedio diario, y en Aragua tres. En Antímano hubo un incremento de 70% en los delitos conocidos durante junio, con respecto al mes anterior, de acuerdo con fuentes de PoliNacional. Los homicidios cada vez reflejan mayores dosis de odio y ensañamiento. La ciudadanía presa del miedo no encuentra a quién acudir ante la inoperancia cada vez más patente de los exponentes del “nuevo modelo policial”, prestos a reprimir a manifestantes pero pusilánimes cuando se trata de las bandas armadas de la Cota 905 o del Cementerio. El Gobierno, desde luego, conoce esta situación pero está entrampado en una contradictoria dinámica. Por una parte, negocia y hace concesiones a los delincuentes al otorgarles “zonas de paz” y refugios en prisiones como Tocorón. Por la otra, presume de una “mano dura” militarista que nada tiene que ver con el rescate de la institucionalidad. Luego de la destitución del mayor general Miguel Rodríguez Torres otros dos oficiales activos de la FANB han estado al frente del ministerio de la seguridad. La almirante en jefe Carmen Meléndez nunca se encontró a gusto en el cargo, y parece que lo mismo ocurre con su reemplazo, el mayor general Gustavo González. Muchos soles para una guerra interna que se está perdiendo.
*”Ni que nos vayamos nos podemos ir” es la última obra protagonizada por la actriz Caridad Canelón. El libreto de Lupe Grehrenbeck refleja los conflictos de una mujer en preparativos para visitar a su hija, radicada en Florida (EEUU) luego de sufrir un secuestro junto a su familia en Caracas. Ese viaje, programado para durar solo un mes, tiene todas las características de una mudanza, o mejor dicho un desplazamiento forzado de una persona que huye de la escasez y la criminalidad, pero que a la vez se niega a abandonar su terruño. La obra, como nuestra realidad, se mueve entre la comedia y tragedia. Pero logra un excelente balance que al final suscita reflexiones en el espectador. La pueden ver en la torre BOD, entre viernes y domingo.
La Comuna 13 de Medellín
*La foto que acompaña este breve fue tomada en la Comuna 13 de Medellín, durante una visita que tuve la oportunidad de llevar a cabo en mayo. Este barrio, como otros tantos de la capital antioqueña, fue escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas, cuerpos de seguridad, grupos paramilitares y reductos del Ejército Popular de Liberación y del Ejército de Liberación Nacional. Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo, con tasas de homicidios que superaron los 380 casos por cada 100.000 habitantes en 1992 debido a la guerra del cartel liderado por Pablo Escobar contra el Estado colombiano. Muerto el Patrón, los homicidios disminuyeron en forma consistente. Pero entre los años 2000 y 2002 hubo un importante repunte de la violencia criminal, debido precisamente al conflicto armado entre las bandas agrupadas en torno a Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna o Adolfo Paz, reductos guerrilleros y otras organizaciones criminales. Hoy en día, la tasa de homicidios en Medellín ronda los 40 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, un tercio de la correspondiente a Caracas. Un nivel de violencia que todavía preocupa pero que en nada se parece a lo vivido allí durante las décadas de los ochentas y noventas del siglo pasado. En los últimos 25 años la ciudad colombiana ha tenido gobernantes de distinto signo político, que sin embargo coincidieron en colocar el problema de la criminalidad en el tope de su agenda, y convocaron a la sociedad civil organizada para superar esta situación. La experiencia de Medellín, además, enseña que en esto no hay soluciones de corto plazo. Por lo tanto, para superar esta violencia sin límite Venezuela tendrá que recorrer un largo camino. Cada día que pasa sin dar los primeros pasos sólo hará más difícil alcanzar la salida.
