La noticia sacudió la semana pasada los cimientos del régimen. Según el The Wall Steet Journal, la Fiscalía General de Estados Unidos investiga a Diosdado Cabello por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

La respuesta oficial no se hizo esperar. “Diosdado somos todos”, fue la consigna lanzada a los cuatro vientos por Nicolás Madro y compañía con el objetivo de negar de un solo plumazo totalitario hasta la constitucional posibilidad de indagar en el tema. Nada de argumentos jurídicos o razonamientos más o menos lógicos. De nuevo la lamentable sinrazón de una defensa automática. Con una consigna que además aspira a confundir el todo (Venezuela) con una de sus 30 millones de partes (Diosdado), sencillamente porque cada uno de los privilegiados por la revolución encarnan en su pasajera “superioridad” a toda la Patria, de modo que acusar a cualquiera de ellos de haber cometido este o aquel crimen, constituye una agresión feroz contra toda Venezuela.

Lo peor y más significativo de este desafuero al que ya nos tiene acostumbrados el régimen lo ha puesto de relieve la disciplinada reacción del Tribunal Supremo de Justicia al adelantar su presidenta sentencia a priori: Diosdado, por ser inmaculado representante de la revolución bonita, está más allá de toda sospecha. Una postura militante que otra vez pone de manifiesto la imposibilidad de hacer o exigir justicia en la Venezuela actual.

Ni a mí ni a nadie nos consta que las informaciones publicadas hace semanas por el diario español ABC y ahora por el The Wall Street Journal sean ciertas o falsas, pero salga rana o salga sapo, se trata de acusaciones tan graves y escandalosas, que no basta un simple gesto de ciega solidaridad con el compañero en entredicho para descartar la duda que arrojan sobre la conciencia nacional medios internacionales de tanto prestigio. Diga lo que diga Miraflores o el inservible TSJ. Estas informaciones generan una grave perturbación en el país, acentuada por el silencio ordenado desde las alturas del poder para fingir que ni siquiera existe la presunción de haberse cometido delito alguno y por la grosera actitud del TSJ eximiendo a Cabello de ser política y judicialmente investigado. Y sin tener en cuenta, claro está, que se trata de una acusación que no sólo afecta a una persona, Diosdado Cabello, quien no puede estar por encima de la ley ni del escrutinio público, sino también a la mismísima legitimidad del régimen, precisamente por ser Diosado quien es.

En el fondo, la campaña por descalificar a ambos periódicos y enjuiciar a los diarios El Nacional y Tal Cual y al portal digital La Patilla aplicándoles a sus directivos medidas cautelares de presentación semanal y prohibición de salida del país por el simple hecho de haberse hecho eco de la explosiva denuncia del ABC, responde a la política de violar sistemáticamente el derecho inalienable de los ciudadanos a informar y ser informados. Silenciar a los mensajeros como doctrina de Estado para pasar por alto la verdad y crear una realidad paralela y falsa. Como si acusar al adversario, pongamos por caso, de propiciar una “guerra económica” contra el régimen bastara para negar la evidencia de que el dólar llamado paralelo haya superado, como ocurre desde el pasado jueves, la estratosférica e insostenible frontera de los 400 bolívares “fuertes.”

Ante la indiferencia de muchos supuestos opositores, esto es lo que cada día con menos y menos disimulo, de veras tenemos en Venezuela. Un sistema de gobierno de simple acoso y derribo del otro con un mensaje implacable, que yo me niego rotundamente a consentir: o asumimos la imposición de ser como Diosdado, es decir, como ellos, o nos resignamos a no ser nada. Absolutamente nada.

 

@aduran111

El Nacional