El pasado 19-12-14, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió suspender cautelarmente la sentencia 1.984 de la Sala Social de fecha 12-12-14, declarando la nulidad del procedimiento de Rescate de Tierras por medio del cual el Instituto Nacional de Tierras declaró como «ociosas» terrenos propiedad de la Agropecuaria Las Mesetas. Se trata de un hecho milagroso, que la máxima instancia judicial se salga de las estadísticas y decida fallar en contra del Estado. Esta decisión extraordinaria, y de oficio, nos inclina a pensar que el Gobierno está buscando ser tibio nuevamente a la inversión privada.
Al inicio de su mandato, el entonces presidente Hugo Chávez era fiscalmente conservador y cálido ante la iniciativa privada, intentó atraerla mediante la promulgación de la primera Ley (Decreto-Ley) de Promoción y Protección de Inversiones en el año 1999. Claro, esto fue antes de la abismal escalada de los precios del barril de petróleo a partir del año 2003.
La prosperidad delirante que se gozó en aquel período, no creó una consciencia de ahorro y moderación en sus administradores. Más bien lo opuesto, engendró una glorificación al despilfarro que nos trajo a la situación deficitaria actual, menguando el valor de nuestra moneda.
Ante la dificultad de ocultar su ineficiencia, por disponer de una riqueza tan vasta, se optó por el camino de la irresponsabilidad, donde introdujeron beligerancias ficticias y alucinaciones de invasión extranjera. Se llevaron a cabo los intentos más desesperados para mantener la admiración de las masas, valiéndose de tácticas orwellianas. El Ejecutivo tomó acciones propias de los tiempos de Ezequiel Zamora, declarándole la guerra a la economía y proclamando un enemigo común, el exterminador de la civilización del planeta Marte y fuente de todos los males: el capitalismo.
Estas guerras económicas han logrado su propósito populista y el afianzamiento del intervencionismo estatal, pues pulverizaron el sector privado y con la misma piedra, la productividad nacional. El día de hoy no se puede distinguir si esta ofensiva, fue producto de algún conflicto ideológico o de una simple maniobra al servicio del entretenimiento.
Sea cual sea, el propósito de una guerra económica no puede ser otro sino el de (i) depravar el axioma de racionalidad humana, donde la maximización de la utilidad individual pasa a ser considerada como una conducta depravada, desvirtuándose el egoísmo ante las crecientes necesidades colectivas y la inflación del interés público; y (ii) aniquilar los acuerdos de libre consentimiento para ser sustituidos por la voluntad hegemónica de un órgano de planificación central.
Este constante agravio a las leyes naturales de la economía terminó pasando factura, lo que devino en los recientes esquemas de “flexibilización” cambiaria y el excesivo endeudamiento de la principal empresa del Estado como mecanismo para atraer inversión (extranjera). La capacidad de endeudamiento del Estado venezolano, sin duda alguna su más valioso activo, se ve cada vez más reducida por el descenso dramático de los precios del petróleo de los últimos meses, agravada además por las altas tasas de intereses que exigen los prestamistas extranjeros por la desconfianza generalizada que le tienen al país.
Después de 15 años y cientos de millardos de dólares despilfarrados, la situación económica venezolana obliga al Gobierno, así como tuvo que hacerlo en 1999, a atraer inversión privada, cerrándose un nuevo ciclo en la historia circular venezolana. Claro que década y media de guerras económicas (o guerras contra la economía) terminan pasando factura. Pues un Estado coordinado para la eliminación de las instituciones de una economía de mercado conlleva al pavor (por no decir negación) del emprendimiento privado a invertir, aun ante intentos de acercamiento por el Estado para dar fin a este antagonismo serán inefectivas. Como se percató tardíamente el coronel Aureliano Buendía (y se percatarán los revolucionarios del siglo XXI): es mucho más fácil empezar una guerra que terminarla.
