El gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene fecha de caducidad: jueves 10 de enero de 2019. El artículo 231 de la Constitución establece: “El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional”. Ese día, el segundo jueves del año, “el candidato elegido” debe iniciar un nuevo sexenio.
Allí comienza el enredo. Para el chavismo no hay duda. Maduro alcanzó la reelección en las muy transparente y justas elecciones del domingo 20 de mayo. Sin embargo, la oposición venezolana, las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos y la Unión Europea, y la mayoría de los países de América Latina tacharon ese proceso de fraudulento y desconocen sus resultados.
Tratando de evadir la norma constitucional, el jefe de Estado se juramentó el 24 de mayo ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para dar por hecha su continuidad en Miraflores. “Podemos decir que hemos tenido unas elecciones legales, justas, legítimas y por eso he venido a entregar mis credenciales emanadas de la voluntad popular”, expresó el mandatario en su discurso en la ANC, foro que tampoco es reconocido por Occidente.
A pesar de la parafernalia de la “sesión solemne” y de las palabras del gobernante chavista, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, acaba de remarcar la raya amarilla sobre la legitimidad del Ejecutivo.
“Maduro ahora y hasta el 10 de enero tiene la legitimidad de unas elecciones que nosotros reconocemos, pero el 10 de enero se le acaba ese mandato, y empieza un mandato en base a unas elecciones que no reconocemos. Nosotros no reconocemos gobiernos, reconocemos estados. Pero sí, hay un problema político, porque este señor a partir del 10 de enero no es un representante político. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Esperar a que el Gobierno caiga?”, declaró en entrevista concedida al portal español Ok Diario.
La existencia de la fecha límite ha generado todo tipo de especulaciones. Algunos señalan que este “Día D” figura entre los motivos que llevan al régimen chavista a tratar de negociar con EEUU y la Unión Europea. Otros han planteado la posibilidad de que el oficialismo acelere la aprobación de una nueva Constitución y hasta convoque unos comicios generales para zafarse de esa camisa de fuerza.
Al margen de rumores y cálculos, las fichas políticas no se mueven y lo único que avanza inexorable es el reloj. Como hace exactamente seis años, el 10 de enero se convierte en un quebradero de cabeza para la revolución. Aquella vez a causa de la enfermedad de Hugo Chávez, quien no pudo volver de Cuba para asumir su nuevo periodo.
En ese momento, el Tribunal Supremo de Justicia salvó a Chávez en la raya: el 9 de enero publicó dos sentencias en las que consideró que no era necesaria la juramentación del convaleciente Jefe de Estado: «En atención al principio de continuidad de los Poderes Públicos y al de preservación de la voluntad popular, no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere que el gobierno queda ipso facto inexistente», dice el recurso de interpretación de una de ellas.
La «voluntad popular» y la ·»continuidad administrativa» fueron las coartadas del momento.
Nace torcido
“Lo que nace nulo absolutamente ni el tiempo ni acto alguno lo convalida. Por eso es inexistente. Y si algún mandato o cargo se fundamenta en un proceso viciado de nulidad absoluta, como lo fueron las elecciones del 20 de mayo, quien lo ejerce carece de legitimidad”, apunta Román Duque Corredor, ex magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Duque Corredor sostiene que la juramentación de Maduro el 24 de mayo ante la ANC “no confirmó ni convalidó dicho proceso, por ser violatorio de normas constitucionales y de normas electorales de orden público”.
“A ello se agrega una torticera sentencia de la Sala Constitucional del 2013, que afirmó que en caso de reelección la juramentación y toma de posesión eran una mera formalidad pues supuestamente hay una suerte de ‘continuidad’ del mandato presidencial. Si se admite la tesis de la Sala Constitucional, entonces, en el supuesto negado de que Maduro fue reelecto, estaría en el cargo hasta el período que se inicia el 10 de enero de 2019 y no hasta el 2025 y su juramento en consecuencia sería el 10 de enero de 2019”, precisa el abogado.
Duque Corredor indica que “como no existió una elección legítima, ni tampoco una juramentación válida; por tanto, desde el 20 de mayo de 2018 no hay un Presidente legítimo en Venezuela cuyo período venza el 10 de enero de 2019, por lo que estimo que carece de fundamento la tesis de que la legitimidad de Maduro termina en esta fecha porque nunca ha tenido legitimidad”.
Se fue antes
“Realmente cuando me plantean esto o cuando oigo hablar de la fecha no puedo dejar de recordar al extinto cuando ante una observación de mi parte de que su período presidencial terminaba en el 2012, palideciendo de ira, me respondió: ‘Bueno, pero yo pienso renovar hasta el 19… y así ha sido… por increíble que me pudiera haber parecido entonces, a través de Maduro, su sucesor, designado por él poco antes de morir”, recuerda Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia.
Mármol de León observa: “me cuesta creer que se hable de pérdida de legitimidad del llamado Presidente en esa fecha, 10 de enero 2019, frente a una persona que detenta, no ejerce, la Presidencia de la República, toda vez que, en primer lugar, no llena los requisitos para el ejercicio del cargo, no es venezolano por nacimiento, nunca lo probó y la AN lo toleró y el Consejo Nacional Electoral lo auspició”.
“En segundo lugar, fue declarado por la misma AN en abandono del cargo (9 de enero de 2017) en virtud de no haber cumplido con sus funciones, lo cual determinó ausencia absoluta y de nuevo, no se siguió el procedimiento constitucional para sustituirlo. Además, nos encontramos con que fue condenado penalmente por el TSJ legítimo en el exilio a 18 años de prisión por corrupción y legitimación de capitales”, expone la antigua representante de Venezuela ante la Federación Latinoamericana de Magistrados.
Por si fuera poco, añade que “celebró también el régimen presuntas elecciones presidenciales anticipadas, juramentándose quien usurpa el cargo de Presidente de Venezuela como electo para el siguiente periodo presidencial a iniciarse el mentado 10 de enero de 2019 ante una Constituyente espuria, rechazada por la mayoría de los venezolanos el 16 de Julio de 2017”.
Mármol de León afirma que “no se entiende que hablen de pérdida de la legitimidad de quien desde hace mucho no la tiene. Lo peor es que se cree eso o así pretenden hacerlo aparecer funcionarios como el canciller español, para ‘darle aire’ a la tiranía que manda en Venezuela”.
A otra cosa
“La fecha del 10 de enero y lo que pretende hacer el régimen con la juramentación de Nicolás Maduro ante la ANC, no es más que la ratificación de la ya existente y reiterada ilegitimidad e inconstitucionalidad del régimen y de la Presidencia de la República. Es una demostración más de la continua y reiterada violación de la Constitución de la República y del quiebre ya existente del Estado de Derecho y la democracia”, opina Gerardo Fernández, experto en Derecho Constitucional.
Fernández subraya que “en Venezuela no existe el respeto de la Constitución, solo existe la pretensión de instaurar una ‘constitucionalidad’ paralela para justificar la permanencia en el poder. Por lo tanto, lo que pretenda el régimen con lo que denominan la juramentación de Nicolás Maduro ante la ANC el 10 de enero próximo, no es más que una demostración reiterada y continua de la ilegitimidad en el ejercicio del poder, del imperante quiebre de la democracia, del Estado de Derecho y de los principios republicanos”.
“No perdamos tiempo en divagar sobre esa fecha y la ‘juramentación’, ocupémonos de recuperar el país”, recomienda el profesor universitario.
