EL GOBIERNO MEXICANO INFORMÓ ESTE JUEVES QUE ABRIÓ UNA INVESTIGACIÓN en contra de diversas personas naturales y empresas dedicadas a la venta de alimentos básicos y servicios de logística para las cajas de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Alonso Lira Salas, procurador especializado en investigación de delincuencia organizada de México, explicó que según la investigación, un grupo de empresas y personas mexicanas y extranjeras obtuvieron recursos públicos venezolanos para los CLAP, desviándolos «de sus fines humanitarios».
Las personas involucradas buscaban «adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos». El gobierno mexicano identificó al menos tres esquemas: la venta de productos de baja calidad, la exportación a Venezuela con sobre precio, y la reventa de productos a la población venezolana en un valor 112% mayor al costo real.
Salas reveló que al menos cinco personas, una de ellas vinculada al gobierno venezolano, funcionaban de operadores con el propósito de obtener los productos alimenticios que deben suministrar para Venezuela, acudían a diversos países, entre ellos México, para contactar otras empresas.
El gobierno mexicano no detalló apellidos de los involucrados, pero las cinco personas mencionadas fueron: Alex “N”, la personas relacionada con autoridades venezolanas; Álvaro “N”, Emmanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”.
Por la investigación y el trabajo en conjunto de varias agencias mexicanas habría llegado a un «acuerdo reparatorio» que le ordena a los involucrados entregar 3 millones de dólares, lo que equivale a 56 millones pesos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en América Latina y el Caribe (Acnur). Además de no efectuar ningún acto comercial con el Gobierno de Venezuela o terceros, que operen o se encuentren relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas a Venezuela relacionados con las CLAP.
Informaron que los elementos aportados por la investigación del gobierno mexicano serán compartidos con autoridades competentes a nivel internacional «con objeto de continuar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y en particular, de este esquema fraudulento.»
Más contenedores
Salas explicó que durante la investigación localizaron 1300 contenedores marítimos en tierra mexicana, con aproximadamente 1.8 millones de despensas alimenticias, propiedad de las personas señaladas; pero que decidieron dejarlos llegar a su destino porque «se corría el riesgo de agravar la crisis alimentaria que se vive en esa nación».
No es la primera vez que se dan señalamientos similares con las cajas entregadas por estos comités. En mayo de este año, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reveló que el gobierno del presidente Nicolás Maduro utilizaba la distribución de alimentos a través del Clap con fines electorales, y que en un operativo policial fueron decomisadas casi 400 toneladas de alimentos no aptos para el consumo humano.
Periodistas venezolanos del portal Armando.info publicaron una serie de reportajes donde revelaron que los productos de las cajas son de baja calidad y son vendidas con sobreprecio. Los periodistas que realizaron la investigación tuvieron que salir del país tras amenazas.
