MIENTRAS A LO INTERNO represión llega a tal nivel que lleva a prisión a unos humildes bomberos por un video humorístico sobre el presidente Nicolás Maduro, bajo el amparo de la tenebrosa pseudo ley Contra el  Odio, en el ámbito internacional el Gobierno ha sido virtualmente vapuleado a pesar de los esfuerzos de la diplomacia revolucionaria para que ello no ocurra.

Primer revés

El Gobierno tuvo un primer fracaso la semana pasada por la remisión de cinco países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) más  Canadá a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) del caso por violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esto es un hecho inédito, pues la remisión de casos sólo había ocurrido porque el mismo país afectado (como fueron Uganda, Malí y otros) llevaba la situación ante la Fiscalía, pero no había sucedido que un tercer país pidiera abrir un examen preliminar. A ello debemos agregar que apenas unos días después Francia se sumó a esta acción, lo que pone en evidencia la gravedad de las denuncias presentadas, dado que no se trata de la acción de una nación individualmente, sino que es conjunta de gobiernos que consideran necesario que ese despacho internacional actúe.

Otra novedad de esta remisión es que la solicitud para que se abra un examen preliminar amplía el marco de investigación del ya abierto por la Fiscalía en febrero de este año, pues este se limitaba a investigar los hechos ocurridos entre abril y agosto de 2017, mientras que el caso presentado por los siete países mencionados abarca desde febrero de 2014, lo cual incluiría los graves hechos de represión acaecidos durante las protestas de ese año y por los cuales la administración de justicia nacional nada ha hecho.

La importancia de esta investigación se basa en la búsqueda de la responsabilidad individual de los encargados por parte del Estado venezolano por delitos de lesa humanidad. En ese sentido debemos recordar que la responsabilidad no se acaba en los autores materiales de estos delitos sino que abarca a los que en la cadena de mando hayan dictado órdenes en ese sentido, por lo que los más altos funcionarios están obligados a dar cuenta de sus acciones en los hechos investigados.

Igualmente, debemos destacar que la inmunidad diplomática, por señalamiento expreso del Estatuto de Roma (artículo 27.2) no es aplicable en estos casos, y por lo tanto todos los funcionarios públicos están sujetos a la jurisdicción de la Corte y a las decisiones que esta dicte.  Un ejemplo de las consecuencias de ello lo tenemos en el caso del presidente de Sudán, Omar al Bashir, sobre el cual pesan dos órdenes de arresto por parte de la CPI por crímenes de guerra y por ello apenas puede salir de su país, pues la neutralidad de los foros internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), no lo protege.

Segundo revés

La siguiente derrota fue bastante inesperada para el régimen madurista, pues se generó por iniciativa del propio Gobierno cuando buscó, infructuosamente, una anhelada reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Las reiteradas solicitudes públicas y el  interés por parte del jefe de Estado venezolano, quien dice representar a un país “potencia” y liderar la lucha contra el imperialismo, contradicen todo el discurso de improperios que sobre la nación del norte emiten a diario los voceros oficialistas.

Pese a ello, y al apresurado viaje del mandatario para participar en la ONU, la Casa Blanca, a través de su portavoz declinó la posibilidad del encuentro, dejando en nada los esfuerzos de la diplomacia roja. A los medios oficiales no les quedó otro remedio que enfrentarse a la titánica tarea de destacar el letárgico discurso presentado por Maduro ante una casi vacía Asamblea General de la ONU.

Tercer revés

A todo lo anterior se sumó la histórica resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU del pasado 26 de septiembre, por la que dicho órgano declaró la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela y sus consecuencias contra cientos de miles de venezolanos.

Esto resulta importante, porque como es sabido, hasta hace pocos años, lo que venía de entes de Naciones Unidas como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el Gobierno eran premios y reconocimientos, pero esta imagen ha venido cambiando, aunque más lentamente de lo que la crisis exige. Lo cierto es que la comunidad internacional está viendo la realidad del caso venezolano, y un reflejo de ello es dicha resolución en la que se urge al Estado aceptar la ayuda internacional para paliar la delicada situación en la que se encuentra la población venezolana.

Adicionalmente, la decisión de la ONU contiene un mandato para la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet para que siga monitoreando el caso de Venezuela y presente informes al Consejo por lo menos por dos períodos de sesiones más, lo que genera que el foco de este órgano sobre nuestro país se mantenga hasta 2020.

Para quienes creen que estos informes de la oficina de la Alta Comisionada son papel mojado, debemos recordarles que los realizados por el Alto Comisionado anterior, sirvieron de insumos para la denuncia presentada por los siete países ante la CPI,  lo cual no es poca cosa.

Tan importante resulta esta resolución que el propio canciller Jorge Arreaza fue a Ginebra para exponer ante el Consejo su versión de la realidad venezolana y evitar su aprobación. La situación de extrema gravedad de Venezuela hizo que incluso países como los africanos, que antes respaldaban al régimen, se abstuvieran, lo que marca un hito que llevó a la aprobación de la decisión con una mayoría de veintitrés votos a favor y sólo siete en contra (incluyendo el voto venezolano).

La desoladora respuesta ante la aprobación de la resolución por parte del Gobierno habla mucho del desgaste del discurso gubernamental, pues ante una solicitud de que se ayude al sufrido pueblo venezolano, sólo respondió con sus manidos argumentos sobre el injerencismo, demostrando de nuevo que lo que le pasa a los ciudadanos no es su prioridad.

Y contando…

Luego de esta semana horribilis, como la tituló un medio internacional, se suma el pronunciamiento conjunto de relatores y expertos independientes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el que denunciaron la terrible situación de la salud en el país. Al respecto, llegaron a decir: “Estamos impactados de que los propios hospitales se hayan convertido en un lugar donde la vida de las personas se pone en riesgo” y que además están “desconcertados por informes que indican que personal sanitario, periodistas y familiares de los niños y niñas víctimas, que han denunciado o presentado quejas, están siendo acosados e intimidados”.

Por Acceso a la Justicia