A través de un poder dado por la familia, el abogado pedirá la investigación del caso y una posible exhumación
@carlos_dhoy
JOEL GARCÍA, ABOGADO DEFENSOR del fallecido concejal Fernando Albán, asegura haber revisado las 16 piezas que conforman el expediente del supuesto intento de magnicido contra Nicolás Maduro. Dice que puede afirmar con certeza que el nombre de Albán no aparece en ninguna línea: “No podían imputarlo de algo en lo que no había participado”.
El concejal de Primero Justicia fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cuatro días antes de su muerte, acusado de estar vinculado con el “caso de los drones”, ocurrido el 4 de agosto de 2018 durante un acto de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar de Caracas.
García, también abogado defensor del diputado Juan Requesens -a quien relacionan con el mismo caso y milita en el mismo partido en el que lo hacía Albán- aseguró que solicitará a la familia del concejal, que reside en Estados Unidos, una autorización para iniciar los procedimientos legales que permitan aclarar lo ocurrido.
Albán murió después de caer del piso 10 de la torre del Sebin en Plaza Venezuela. Sin haber realizado estudios consistentes, el gobierno de Maduro informó la tesis del suicidio.
Aseguró que podría solicitar la autorización a familiares para que se lleve a cabo la exhumación del cuerpo para que se realicen nuevas pruebas que determinen las lesiones que sufrió el concejal, más allá de las que aparecen en la partida de defunción -que se filtró a los medios de comunicación- firmada por el médico forense Arnoldo José Pérez Durán, en la que se señala como causa del deceso traumatismo craneoencefálico severo, shock hipovolémico y traumatismo toráxico pulmonar cerrado (provocado) por caída de altura.
García recuerda que se enteró de la muerte de Fernando Albán “por las infelices declaraciones del Fiscal General del a República” mientras estaban en los tribunales.
“Al conocer esa situación nos dirigimos a la sede del Sebin, solicitamos autorización para ingresar al área y constatar que el fallecido fuese nuestro defendido, pero no nos dejaron entrar. Luego, en la noche, nos trasladamos a la sede de la morgue de Bello Monte, donde le realizarían la autopsia y solicitamos a la directiva del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) que se nos permitiera ser testigos del procedimiento médico. Esa posibilidad también nos fue negada”.
Otra irregularidad que denunció el abogado defensor es que los funcionarios del Senamecf recomendaron a los familiares que cremaran el cuerpo, a pesar de que por tratarse de una muerte violenta, la cremación está expresamente prohibida por la ley venezolana.
Agregó que solicita se realice una investigación a fondo, “una investigación transparente, vemos que hay un claro sesgo lo que se está haciendo.
Recordó que el domingo, un día antes de su muerte, conversó con el concejal sobre la situación legal en que se encontraba, “a pesar de mostrarse preocupado por lo que le estaba sucediendo, sabía que iba a salir airoso de todo ese asunto porque no tenía nada que ver con lo que trataban de imputarle. Estaba tranquilo, no tenía la actitud de una persona angustiada o al borde de tomar decisiones extremas”.