Este lunes 16 de octubre comenzó la tercera ronda de audiencias en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para determinar si funcionarios del Gobierno venezolano han cometido crímenes de lesa humanidad y remitirlo a la Corte Penal Internacional.

De acuerdo con el organismo internacional, tres expertos independientes serán los determinarán si hay base para realizar las denuncias ante La Haya, sin embargo, hasta el momento no hay ningún Estado americano que haya manifestado su interés de denunciar a Venezuela ante esta instancia.

El grupo de experto estará conformado por el ex ministro de Justicia de Canadá, Irwin Cotler; el argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la CIDH, y el costarricense Manuel Ventura Robles, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este primer día de audiencia declararon personas relevantes para el estudio del caso pero no asistió ningún embajador titular, solo representantes de 11 delegaciones.

¿Qué se dijo en las audiencias?

Justicia para su hija

Una de las primeras en hablar fue Rosa Orozco, madre de la joven Geraldin Moreno asesinada por la Guardia Nacional durante las protestas del 2014. “Mi hija murió el 22 de febrero de 2014 cuando militares en motos entraron a la urbanización donde vivo disparando. En el asesinato de mi hija participaron 24 militares, pero solo 2 están presos, el resto aún no han sido juzgados. Los 2 que se encuentran presos actualmente están apelando su sentencia. No me extrañaría que la próxima semana salgan libres porque todo lo que se ha investigado hasta ahora lo rechaza Tareck William Saab”.

Declaró que a lo largo de estos 3 años y 8 meses ha pedido que todo el destacamento y la línea de mando estuvieran en investigaciones, pero la respuesta ha sido que hay que esperar”.

Orozco detalló que Caridad Barroso fue el militar que disparó en el cuerpo de su hija y que Alvin Bonilla fue el responsable de disparar a quema ropa en su cara luego de que la joven pidiera clemencia, y precisó que el oficial Frank Osuna es también responsable del asesinato por ser el jefe del Destacamento 24 de la Guardia Nacional en Carabobo para ese momento.

Otros de los militares implicados en este crimen según detalló Orozco son el capitán Pavón y el militar de apellido Pérez. “Pavón era el que tomaba las fotos y los videos para cuando hubiese manifestaciones, pero llama mucho la atención que ese día no filmó ni tomó fotos, pero lo que más impresiona es que ahora él es el comandante en jefe del destacamento 24, mientras que a Osuna lo ascendieron y es el segundo jefe de la Guardia Nacional por el estado Guárico”.

Orozco detalló que todos los militares que estuvieron vinculados al asesinato están activos, salvos los dos que están presos. “Todos activos, siguen en sus cargos y peor aún han sido ascendidos lo que revela la complicidad de las autoridades”, concluyó.

Por cuestión de criterio

El exministro consejero venezolano ante las Naciones Unidas, Isaías Medina, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro no atiende la crisis humanitaria que se registra en Venezuela.

“En vista de la crisis humanitaria sostuve varias reuniones con la delegación de Malta para recibir material quirúrgico para Venezuela, y Oscar Rojas, observador permanente de la orden de Malta de la ONU, confirmó su interés de distribuir medicamentos para Venezuela por lo que se acordó una reunión bilateral, pero 3 veces fue pospuesta. Cuando pregunté, me informaron que no la consideraban de interés nacional porque en Venezuela no había crisis humanitaria”, denunció Medina.

Ante la negativa del gobierno ç de aceptar la crisis humanitaria, Medina decidió renunciar a su cargo ante la Organización de Naciones Unidas.

“Estamos viviendo una pobreza que es inducida. Es una política criminal, un apartheid político donde solo se le facilita alimentos a sus seguidores a través de la presentación del carnet de la patria discriminando a los venezolanos por lo que solicitó se lleve a Maduro y sus cómplices ante la Corte Penal Internacional”.

Sobre magistrados

Por su parte el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, Pedro Troconis, denunció la ilegalidad e irregularidades que se cometieron en la designación exprés de los magistrados del TSJ en diciembre de 2015.

No se cumplieron los lapsos ni el procedimiento establecidos en la Constitución para la designación de estos magistrados, ni «se respetaron las normas para el comité de postulaciones, no estuvieron presente los 3 miembros del Poder Ciudadano para una correcta selección y la fiscal Luisa Ortega Díaz dijo que no estuvo presente para la designación de los magistrados del TSJ”, denunció Troconis.

Además, responsabilizó al magistrado Mendoza de dictar una decisión “en donde dice que nuestro nombramiento es nulo y que cometimos un delito de usurpación y traición a la patria. Esto estuvo suscrito por otros magistrados”.

Según el testimonio de Troconis, «los magistrados en el 2015 se eligieron de forma irrespetuosa y en contra de la ley. La Fiscal General de Venezuela no aprobó la elección de los magistrados en el 2015 por lo que actualmente se están emitiendo decisiones sin valor jurídico. El TSJ que opera en Caracas es ilegítimo. En cambio nosotros fuimos electos bajo los requisitos que establece la ley”.

Denunció que luego de su nombramiento por parte de la AN, 18 efectivos de cuerpos de seguridad del Estado llegaron a su casa buscando a su esposa. Esta situación y las continuas amenazas en su contra obligaron a Troconis a abandonar el país de manera forzada. Responsabilizó al presidente Nicolás Maduro y a Gustavo González López, director del SEBIN.

Troconis también informó que el gobierno continuó la persecución en contra de los magistrados nombrados por el Parlamento. “Ángel Zerpa estuvo preso en el baño de la cárcel de El Helicoide y al magistrado Rojas Torres, quien fue detenido en el estado Anzoátegui, lo llevaron a la sede del SEBIN y le grabaron un video en donde él decía que nunca llevó los recaudos para postularse sino que los llevó un diputado, que tampoco fue al acto de juramentación, pero en la foto de ese día se ve claramente que sí asistió al acto. Lo obligaron a firmar una carta de renuncia para devolverle su libertad”.

Amedrentada y atemorizada

En estas audiencia también se presentó, vía Skype desde Canadá, la ex jueza de la zona metropolitana de Caracas, Ralenis Tovar, quien firmó la orden de aprehensión en contra de Leopoldo López en febrero de 2014.

“Quiero hacer del conocimiento público la forma en la que trabaja el gobierno de Venezuela amenazando a los jueces. Yo fui amenazada el día que ordené la captura del ciudadano Leopoldo López. Ese día yo recibí una llamada de la presidenta del TSJ Gladys Gutiérrez para decirme que me devolviera al recinto judicial porque me necesitaba para unas órdenes de aprehensión. Cuando llegué estaban una gran cantidad de funcionarios del SEBIN, DIM y Guardia Nacional además de 4 fiscales y ya tenían la carpeta con el caso de Leopoldo López”, denunció Tovar.

Durante la audiencia Tovar informó que apenas se enteró que la orden de captura sería en contra del dirigente de Voluntad Popular pidió esperar hasta el día siguiente para revisar el caso, pero de inmediato un funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar la amenazó diciéndole que se convertiría en la segunda jueza Afiuni.

“Me sentí amedrentada, atemorizada. Por el miedo que tuve a salir presa de ahí siendo madre soltera de una niña de 13 años, firmé la orden de aprehensión. A partir de ese momento 4 funcionarios me acompañaron hasta mi casa y 2 de ellos estuvieron dentro de mi casa por un tiempo. Todo esto lo hicieron para saber con quién tenía contacto y con quién me comunicaba”, agregó.

En relación a su hija, denunció que en una oportunidad la quisieron secuestrar en su colegio, pero se logró impedir. “Siempre me sentí perseguida y tuve problemas en el Poder Judicial. Luego supe que todo fue por venganza de haberme ido del Poder Judicial porque yo renuncié. No quise estar más ahí. Ya no era el Poder Judicial que yo conocí. Antes del año 1998 era autónomo, nadie presionaba a nadie y nadie llamaba a nadie, pero esto dejó de ser así”.

Tovar además de responsabilizar a quien era presidenta del TSJ en aquel momento, Gladys Gutierrez, también detalló que recibió llamadas de Deyanira Nieves, presidenta de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dándole órdenes.

Sobre el caso de Leopoldo López denunció que se registraron diversas irregularidades. “Quiero denunciar que actualmente hay jueces que están marcados como afectos al oficialismo por lo que a ellos les asignan los casos políticos. En el caso de Leopoldo López hubo muchas irregularidades. Por ejemplo, la audiencia terminó a las 12:30 de la noche de ese día, pero a las 10:30 de la noche, es decir 2 horas antes, ya Maduro había dicho por televisión que se había ordenado la aprehensión de López. Es decir, el Presidente ya había dado la orden”.

Destituidos

Torturado y encarcelado