Este martes se cumplió un año desde que los diputados a la Asamblea Nacional recibieron su último salario, en consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según informó el secretario del sindicato de trabajadores de la Cámara, José Rivero.

El máximo tribunal declaró en desacato al parlamento, tras la incorporación de los diputados de Amazonas el año pasado, a pesar de varias sentencias de la Sala Electoral y la Sala Constitucional que anularon su proclamación y juramentación.

La falta de pagos de salarios es consecuencia del desconocimiento de la Sala Constitucional a la Junta Directiva de este 2017, pues en enero, la sala decidió en la sentencia N° 2 que debía asumir sus funciones la junta del lapso anterior para desincorporar formalmente a los diputados de Amazonas.

Hasta que no fuese así, se le prohibió al Parlamento “realizar cualquier acto que implique la instalación del Segundo Período de Sesiones correspondiente al año 2017”, en consecuencia no puede asumir su competencia de administrar su propio presupuesto y pago de sueldos.

«El argumento es el desconocimiento de la Asamblea Nacional por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial», dijo Rivero a la agencia de noticias Efe tras recordar que el TSJ ha dictado cerca de 50 sentencias contra el Poder Legislativo desde que la oposición se hizo con su control en enero de 2016.

El sindicalista explicó que la «primera medida contra los trabajadores de la AN», por la que acusó al Judicial y al Gobierno de Nicolás Maduro, se aplicó en mayo del año pasado cuando decidieron «retrasar los pagos» de todos los trabajadores, aunque estos no han dejado de cobrar.

Luego vino en agosto la paralización en el pago de los salarios de los diputados, y en enero de este año la Sala Constitucional dictó una «intervención administrativa» en la que ordenó al Ejecutivo la «paralización» de la asignación presupuestaria de la AN, según dijo.

Rivero indicó que estas medidas han dificultado la gestión del Parlamento debido a la falta de recursos económicos para actividades propias del organismo como la compra de materiales, el reacondicionamiento de los espacios, el pago de dietas o la celebración de sesiones fuera del Palacio Federal Legislativo.

Afirmó además que la nómina de trabajadores de la Asamblea, excluyendo a los diputados, la asumió este año el Ministerio de Economía y Finanzas, órgano al que reclaman en la actualidad el pago de una deuda que asciende, según cálculos de los empleados, a 22.000 millones de bolívares, unos 7,4 millones de dólares.

Incluyendo a los 167 diputados que ocupan los escaños, el Parlamento venezolano agrupa a 4.500 empleados, de los cuales 1.435 están jubilados, y todos, asegura el portavoz, se han visto afectados de alguna manera por las acciones del máximo tribunal.

Quienes más acusan este cese en los pagos son los representantes del interior del país que deben -bajo sus propios medios- viajar durante horas por carretera o tomar algún vuelo que los lleve hasta Caracas cada vez que se convoca una sesión en el Legislativo, generalmente dos por semana.

Estos legisladores recibían, por mandato de ley, un pago adicional bajo el concepto de «dieta» que también dejaron de percibir en agosto de 2016.

Mientras tanto, los 30 diputados que ocupan cargos de presidente o vicepresidente en las 15 comisiones permanentes en las que se distribuye el grueso del trabajo parlamentario también llevan 12 meses sin el cobro de las primas correspondientes.