La Fiscal General de Venezuela Luisa Ortega Díaz habla durante una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el martes 4 de julio de 2017. (AP Foto/Ariana Cubillos)

CARACAS (AP) — La fiscal general de Venezuela descartó el martes asistir a la audiencia pública en el Tribunal Supremo de Justicia en la que se discutirá su eventual enjuiciamiento y destitución.

Luisa Ortega Díaz anunció en conferencia de prensa que decidió no concurrir porque se está “violando el derecho a la defensa y al debido proceso”.

“No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor”, agregó. «Yo no he cometido delitos ni faltas. Aún así yo no me voy a someter a ese tribunal inconstitucional e ilegítimo».

La fiscal indicó que la decisión de su enjuiciamiento y destitución ya “esta cantada” y sostuvo que “no los reconozco”.

«Buscan callarme para no decir verdades. Como que aquí continúa una flagrante violación a la constitución … Pero no lo lograrán.»

«Es lamentable, esa celeridad [sobre su caso]. Deberían aplicar la misma en otros asuntos también, como sobre -por ejemplo- el caso de las elecciones en el Estado Amazonas, que a estas alturas no tienen representación alguna en la Asamblea Nacional», indicó Ortega Díaz durante la rueda de prensa.

«Además el Presidente no es el poder soberano, el poder soberano es el pueblo. Es solo el pueblo el que puede convocar una asamblea nacional constituyente. Solo el Pueblo puede darse una nueva constitución», afirmó la fiscal sobre el proceso Constituyente iniciado por el presidente de 1ro de mayo.

«Seguro no lo leen [en el TSJ], seguro ni lo aceptan. Pero yo voy a guindar en las redes el documento para que todo el país conozca mi defensa.»

«Esto es un golpe de Estado. Más grotesco que el de Carmona. Más grotezco que el decreto de Carmona. Carmona fue el que disolvió aquí los poderes públicos. Seguiremos en la lucha. Seguiremos trabajando.»

El pronunciamiento de Ortega Díaz se dio de forma simultánea al inicio de la audiencia en la Corte. La alta funcionaria fue citada a una sesión en la que se discutirá una solicitud de antejuicio de mérito para retirarle un beneficio legal y enjuiciarla por supuestas “faltas graves” que habría cometido en el ejercicio de su cargo. El proceso contra la fiscal, que se inició por petición del diputado oficialista Pedro Carreño, podría llevar a su destitución.

Horas antes del inicio de la audiencia los alrededores del Tribunal Supremo fueron tomados por decenas de guardias nacionales que bloquearon las vías de acceso con el apoyo de camiones antimotines.

Ortega Díaz, que hasta hace unos meses era identificada como cercana al oficialismo, inició a finales de marzo un distanciamiento del gobierno escaló en las últimas semanas luego de que la alta funcionaria presentara varias acciones contra la reforma de la constitución que impulsa el presidente Nicolás Maduro.

Algunas figuras del oficialismo han llamado “traidora” a Ortega Díaz y la han acusado de favorecer la impunidad en las manifestaciones contra el gobierno que se iniciaron a fines de marzo y han dejado unos 90 muertos, 1.400 heridos y más de 500 detenidos.

También el martes el Tribunal Supremo nombró a una vice fiscal y dejó sin efecto la designación de la Asamblea Nacional, en una nueva expresión de la pugna entre los poderes públicos que ha agudizado la tensión en el país.

El presidente de la Sala Constitucional del máximo tribunal, Juan Mendoza, anunció el nombramiento de Katherine Harrington, quien en 2015 fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos junto a otros seis funcionarios por presuntas violaciones a los derechos humanos. Tras ser sancionada Maduro la nombró viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal.

Al respecto, Ortega Díaz, durante la rueda de prensa, aseguró que «yo desconozco a esa vicefiscal».

Anteriormente Harrington ejerció como fiscal y tuvo a su cargo los procesos contra la exdiputada opositora María Corina Machado y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, quien desde hace tres años permanece detenido en su casa tras ser acusado de conspirar contra el gobierno.

El Tribunal Supremo, señalado de ser controlado por el oficialismo, rechazó el mes pasado la designación como vice fiscal de Rafael González que realizó Ortega Díaz y otorgó a la Defensoría del Pueblo las atribuciones para participar en las investigaciones penales sobre violaciones a los derechos humanos que eran exclusiva competencia del Ministerio Público.

Ortega Díaz anunció a fines de junio que desconocería las sentencias del máximo tribunal alegando que eran violatorias de la constitución y pidió a la mayoría opositora del Congreso ratificar la designación de González, acción que se concretó la víspera.

* Con información de Associated Press