El incremento en el despliegue de fuerzas militares para reprimir protestas, el aumento en el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y otros, y el uso de tribunales militares para tratar de silenciar voces disidentes, ilustra el cambio de enfoque de las autoridades venezolanas para lidiar con la crisis de derechos humanos sembrando el caos a lo largo y ancho del país, declaró Amnistía Internacional, después que al menos 60 personas fueron asesinadas durante protestas en los últimos 60 días.

“Al desplegar fuerzas y cortes militares para confrontar una situación política y social cada vez más tensa, la administración de Maduro sólo está intensificando la crisis, como quien intenta apagar un incendio con gasolina,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El nivel de violaciones de derechos humanos y las acciones despiadadas de las autoridades venezolanas son una reminiscencia de los peores tiempos para los DDHH en las Américas, destacó Guevara-Rosas.

“Al desestimar a los manifestantes como ‘terroristas’ y acusar a civiles de crímenes que solo son aplicables a los soldados, la administración de Maduro está convirtiendo esta crisis política en un conflicto violento, cuando debería estar escuchando las preocupaciones legítimas de la gente y trabajando para encontrar soluciones.”

Durante las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han utilizado fuerza excesiva para evitar que manifestaciones pacíficas se realicen. Personas que viven en áreas residenciales, y que no toman parte en las manifestaciones, también han reportado ser víctimas de ataques indiscriminados con gas lacrimógeno.

La comunidad de La Isabelica, Carabobo, es un ejemplo notable del alcance del uso indiscriminado de la violencia contra las personas que no participan en la reciente ola de protestas. Amnistía ha recibido reportes directos de disparos al azar a transeúntes, gas lacrimógeno disparado directamente hacia casas y un miedo generalizado de reportar estos incidentes a las autoridades.

La situación ha sido particularmente grave en los estados de Carabobo, Lara, Barinas y el estado fronterizo de Táchira, donde más de 600 soldados han sido desplegados para responder a manifestaciones pacíficas.

La directora de AI hizo un llamado al Gobierno a retirar con urgencia al personal militar de las protestas, además de investigar las violaciones a DDHH y asegurar que los ciudadanos puedan manifestar sin miedo a ser lastimados o asesinados. “Desplegar fuerzas militares para contener manifestaciones y perseguir manifestantes en cortes militares son formas infalibles e ilegales de escalar aún más esta crisis”

“Colectivos”

Amnistía Internacional también advirtió sobre grupos de civiles armados (algunos de ellos presuntamente apoyados por el Gobierno) han sido también reportados por haber agredido manifestantes y a cualquiera que proteste en contra de la administración de Maduro.

Guevara-Rosas señaló que estos reportes son particularmente preocupantes, teniendo en cuenta la activación del gobierno del Plan Zamora. “Las autoridades no han publicado todos los detalles del plan, pero la referencia a la movilización de civiles junto con las fuerzas de seguridad del Estado es muy preocupante en el contexto actual de creciente violencia y tensión”.

En un informe publicado en abril, Amnistía Internacional resaltó el catálogo de acciones ilegales por parte de las autoridades venezolanas para reprimir la libertad de expresión y detener arbitrariamente a disidentes a lo largo y el ancho del país.