CARACAS (Reuters) – Fue un momento insólito en la volátil vida política de Venezuela. Hacia el final de un discurso técnico y detallado sobre la gestión anual de su despacho, la Fiscal General, Luisa Ortega, hizo una pausa, se aclaró la garganta y lanzó una bomba.

«Considero un deber histórico, ineludible», dijo la abogada de 59 años antes de cuestionar las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anularon las funciones del Parlamento, de mayoría opositora, y que fueron calificadas como el último paso hacia la dictadura en Venezuela.

Conocida hasta como una aliada del socialismo gobernante, que con las actuaciones judiciales de su gestión ha ayudado a poner tras las rejas a decenas de críticos del presidente Nicolás Maduro, la disidencia que mostró públicamente Ortega el viernes fue sorprendente y trajo consecuencias inmediatas.

Argumentando un «impasse» entre los poderes públicos del país, Maduro convocó a un comité especial de seguridad esa misma noche, que terminó recomendando al máximo tribunal que reconsiderara las cláusulas más controversiales de las sentencias. Horas después, el TSJ reculó.

Pero justo cuando los partidarios de la oposición comenzaron a alabar a Ortega y las versiones de una ruptura dentro de las filas oficialistas crecían, la funcionaria, con una década frente al Ministerio Público, visitó al mandatario para una reunión amistosa, a donde incluso llegó con un regalo: el único tomo empastado del informe de la Comisión de la Verdad.

Pocos expertos creen que las críticas de la fiscal puedan convertirse en acciones legales que acorten el mandato de Maduro o en destituciones de los magistrados del Tribunal, aunque en la tesis podría. Pero sí destacan que tras un desencuentro tan público, es evidente que los organismos del Estado discrepan en los métodos que usan para administrar justicia.

En un incidente menos público, Ortega, nacida en Guárico, un estado de los llanos centrales, se pronunció el año pasado por el asesinato de 13 venezolanos por parte de soldados que intentaron, en primer lugar, ocultar el hecho.

«Estoy comprometida con los derechos humanos», señaló en aquella oportunidad.

También en el año 2016, cuando las autoridades ignoraron las denuncias de la oposición que hizo pública una masacre de mineros en la selva al sur del país, fue Ortega quien confirmó que 17 cadáveres habían sido descubiertos.

«MUJER VALIENTE»

Ortega también utilizó su discurso del viernes para llamar la atención sobre la altísima tasa de homicidios del país y, en el pasado, ha criticado los abusos en el uso de la fuerza de las autoridades.

«Es una mujer valiente, honesta y trabajadora», dijo Ana Elisa Osorio, una política de izquierda que fue ministra del fallecido presidente Hugo Chávez, y que ahora milita en el partido disidente Marea Socialista.

«La conozco desde los 90», dijo a Reuters. «Siempre ha sido muy profesional, y nunca la vi en actividades partidistas o en las reuniones del partido de Gobierno», agregó.

Sin embargo, los elogios más recientes no borran las muchas denuncias de los partidarios del centenar de activistas de la oposición que languidecen en las cárceles de Venezuela, incluyendo al conocido líder político Leopoldo López.

Opositores y jueces disidentes alegan que muchos fiscales bajo la tutela de Ortega se han rendido a las presiones políticas de los últimos años y han fabricado evidencias y casos en contra de las voces críticas.

«No pasa a ser de villana a héroe», dijo José Vicente Haro, profesor universitario y abogado defensor de varios activistas presos, la mayoría acusados de violencia y conspiración.

«Pasa a ser de una persona que durante mucho tiempo fue indiferente y co-partícipe de graves violaciones a los derechos humanos, a una persona que decidió cambiar en 180 grados su política», señaló.

Haro también dijo que el giro del último año en la Fiscalía incluye la destitución de varios fiscales señalados en casos de alto relieve, como un funcionario vinculado a la causa de López. Además, contó que los fiscales se han empezado a preocupar por garantizar el debido proceso y la salud de los detenidos.

Ortega mantiene no pocas credenciales «revolucionarias»: está casada con un legislador del gobernante Partido Socialista (PSUV) y estuvo sentada en primera fila en el 2013 en el funeral de Chávez, de quien recibió el aval para iniciar su carrera.

Sin embargo, se cree que el distanciamiento se venía gestando desde hace meses, presionado por el cortocircuito entre la Fiscalía y los órganos de seguridad del Estado, que han bloqueado la liberación de una veintena de opositores.

Fuentes dentro del Ministerio Público hablaron de un distanciamiento entre Ortega y la poderosa primera dama Cilia Flores y el jefe de la Corte Suprema, Maikel Moreno, quien en algún momento figuró como un posible contrincante para suceder a la fiscal.

Defensores de los derechos humanos también han denunciado que los casos políticos que han sido desestimados por la Fiscalía, fueron trasladados a cortes militares, donde los jueces, según la ley, son designados por el Presidente.

«Firmamos órdenes de excarcelación, hacemos los procesos, y luego el Sebin (servicio de inteligencia) no quiere dejar salir a los detenidos», dijo a Reuters un frustrado fiscal del despacho de Ortega.