La Junta Directiva de la Asamblea Nacional y la Comisión de Política Interior recibieron este martes la visita de varias organizaciones defensoras de los DDHH, donde intercambiaron ideas y unificaron criterios para denunciar, caso por caso, las violaciones a los derechos humanos y la persecución política en Venezuela.
El presidente del Parlamento, Julio Borges, encabezó la reunión en la que estuvieron presentes los directivos del Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero y Gonzalo Himiob; el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Francisco Paz; la directora del Centro de Justicia y paz (Cepax), Beatriz Borges; la abogada del Foro Penal, Mariela Suárez y la ex fiscal del Ministerio Público, Sorelis García, y donde aprobaron iniciar mesas de trabajo para dar a conocer casos puntuales y procedimientos a seguir para denunciar y documentar la violaciones de derechos humanos y la persecución política en el ámbito nacional e internacional.
Borges planteó realizar una alianza de la Asamblea Nacional con la sociedad civil y las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos para tratar de frenar las acciones del Gobierno y lograr que la justicia se imponga en el país. “Hay que subirle el costo político al Gobierno, determinando responsabilidades”, dijo.
“Uno de los aportes que quiere la Asamblea Nacional es sumar a las organizaciones no gubernamentales en la lucha por la justicia y la paz de Venezuela, además de levantar los casos de violaciones de derechos humanos y persecución política a la que están siendo sometidos diputados, líderes políticos y la sociedad civil en general por parte de funcionarios del Estado con nombres y apellidos en el ámbito nacional e internacional”, precisó.
El presidente de la Asamblea Nacional se refirió al caso del diputado Gilber Caro, detenido el pasado 11 de enero, y dijo que se le ha violado la inmunidad y que además el Gobierno pretende utilizar los tribunales militares para juzgarlo.
Al respecto, el director del Foro Penal Alfredo Romero recomendó “abrir un procedimiento y una investigación a los funcionarios involucrados en la detención de Gilber Caro para que la Asamblea Nacional pueda establecer responsabilidades políticas a los involucrados”.
Por su parte, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior, propuso realizar un foro abierto para presentar los casos recopilados por las ONG’S y por la dirección de Derechos Humanos de la Comisión para unificarlos y realizar un informe conjunto sobre los casos de persecución política.
