A comienzos de 2016 una comisión parlamentaria estudió la designación de  los 13 magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia y los 21 suplentes. En un informe definitivo presentado ante la plenaria de la Asamblea Nacional identificó 17 irregularidades en la elección de estas autoridades del Poder Judicial. Además En exige revocar la decisión del Parlamento anterior, que designó a los funcionarios. Así lo publicó El Nacional en febrero.

Una de esas irregularidades, señala el documento, es que tras la renuncia del parlamentario Elvis Amoroso (PSUV) a la presidencia del Comité de Postulaciones Judiciales, la instancia no estuvo presidida por un diputado, como exige su reglamento en el artículo 8, sino por un miembro de la sociedad civil: Ramón Carlos Javier Gámez Román. Amoroso debió ser sustituido por un diputado seleccionado en la plenaria.

Entre las violaciones del procedimiento, delimitado en la Ley Orgánica del TSJ y el reglamento del comité, está el irrespeto de los lapsos. La recepción de postulaciones de candidatos a magistrados no debe ser mayor a 30 días continuos (artículo 70 de la Ley Orgánica del TSJ); sin embargo, el 22 de octubre de 2015 se abrió el proceso indefinidamente.

Tampoco se respetaron los tiempos de las impugnaciones, que son de 15 días continuos desde la publicación de la lista de postulados, y debían culminar el 23 de diciembre. No obstante, el 14 de diciembre el comité había enviado la lista de preseleccionados al Poder Ciudadano. Tampoco se respetaron los lapsos para la defensa de los impugnados.

Carlos Berrizbeitia, presidente de la comisión parlamentaria que evaluó el proceso, afirmó que el baremo para la selección de los candidatos a magistrados no se escogió con el voto de las dos terceras partes de los diputados, como exige el artículo 73 de la Ley Orgánica del TSJ.

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