La ONG Provea emitió un comunicado en el que alerta a alerta a la comunidad internacional y a los órganos de protección de Derechos Humanos sobre las amenazas existentes para quienes solicitaron la activación del mecanismo de revocatorio presidencial después de que, tras una decisión de cinco tribunales penales en el interior del país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendiera «hasta nuevo aviso» la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad para activar el referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro.
La sentencias, proferidas simultáneamente por diferentes tribunales con competencia en materia penal -quienes no poseen atribuciones legales para suspender procesos electorales-, y su acatamiento casi inmediato por parte del máximo árbitro electoral del país, reseña la ONG, «revela la existencia de un plan coordinado desde el propio Poder Ejecutivo para impedir que la ciudadanía pueda evaluar la gestión del primer mandatario, a través del mecanismo de referendo revocatorio».
El Ejecutivo Nacional, continúa la ONG, valiéndose de la erosionada institucionalidad y el control político que ejerce sobre el Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral, «ha obstruido el ejercicio de la democracia participativa y protagónica», cerrando los espacios para la resolución pacífica de la crisis, y colocando al país en el umbral de una situación de alto riesgo. Las consecuencias de esta situación, aseguran, «será responsabilidad de quienes hoy están al frente del Poder Ejecutivo y de las autoridades de los poderes públicos que han abandonado la independencia en su gestión».
Provea alertó a la comunidad internacional y a los órganos de protección de Derechos Humanos sobre las amenazas existentes para quienes solicitaron la activación del mecanismo de revocatorio presidencial. Altos voceros del Ejecutivo y del partido oficial han alentado abiertamente la comisión de represalias contra los solicitantes de la consulta popular, lo que anuncia el inicio de episodios de persecución, hostigamiento y posibles detenciones contra dirigentes y activistas políticos vinculados a sectores de la oposición política.
Hicieron un llamado a los venezolanos que deseen ejercer su derecho a la manifestación debido a la suspensión de la solicitud de referendo revocatorio presidencial, hacerlo de manera pacífica. Igualmente, exigen a las autoridades del Estado venezolano abstenerse de imponer restricciones indebidas al ejercicio del derecho a la reunión y asociación pacíficas, y a cumplir y respetar el mandato que le imponen el marco legal nacional e internacional vigentes que consagran la garantía de estos y otros derechos humanos.
*Con información de nota de prensa
