La cobertura de la Masacre de Tumeremo fue realizada a raíz de las denuncias sobre la desaparición de 17 mineros de Tumeremo, una población al sur del estado Bolívar en Venezuela, cuando se dirigían a cumplir con su jornada laboral.

El 5 de marzo de 2016 familiares de los desaparecidos iniciaron una protesta que cerró durante una semana una importante carretera nacional que comunica a Venezuela con el norte de Brasil y el resto del país, para exigir que se investigara lo ocurrido y se diera con el paradero de los trabajadores de la minería ilegal.

Aunque los habitantes de la zona convivían a diario entre asesinatos y desapariciones, los conflictos en este territorio anárquico –donde las bandas armadas se pelean el control de los yacimientos de oro bajo el consentimiento del Estado venezolano y trafican el mineral– nunca antes habían cobrado tantas vidas en un solo hecho.

El reclamo del pueblo de Tumeremo fue ignorado por el Gobernador del estado Bolívar, un militar vinculado al partido de Hugo Chávez, quien se limitó a negar el hecho y a vincular la denuncia a intereses políticos. Las investigaciones policiales no comenzaron sino 48 horas después de lo ocurrido, término en el que el Ministerio Público designó fiscales para iniciar las averiguaciones.

Cuatro días después de la “Masacre de Tumeremo”, como fue llamada por los habitantes de la zona desde el principio, las pesquisas habían obviado uno de los sitios claves del crimen: un espacio ubicado en las cercanías del fundo El Peregrino, a 20 minutos de Tumeremo, a donde los reporteros de la alianza de medios conformada por El Correo del Caroní, RunRunes y El Pitazo –Lorena Meléndez y Germán Dam– llegaron antes que la policía. Allí encontraron rastros de sangre, restos de ropa y documentos de identidad de algunas víctimas. Un par de días después, el mismo equipo reporteril se le volvió a adelantar a los investigadores y llegó primero al lugar donde habían sido enterrados los 17 mineros.