Como cada principio de mes, Espacio Público, Organización No Gubernamental (ONG) dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad de los medios de comunicación, emitió el balance correspondiente a su monitoreo de los treinta días previos.
De acuerdo con el informe de la agrupación, difundido este viernes 9, agosto transcurrió marcado por la gran expectativa en torno a la agenda desarrollada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para empujar la activación, este mismo año, del proceso revocatorio al mandato del presidente Nicolás Maduro, y cuya principal acción fue la denominada Toma de Caracas el 1 de septiembre.
Espacio Público indicó que los casos registrados estuvieron asociados a los preparativos para la cobertura noticiosa de las manifestaciones opositoras:
«El primer paso fue impedir la entrada de la prensa internacional al país. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) se convirtió en el brazo ejecutor de algunos de estos impedimentos, pues solicitaron a los reporteros de CNN en Español la nacionalización de sus equipos; es preciso señalar que este proceso no es necesario porque son equipos que están en uso y que saldrán del país al terminar la cobertura», afirma la ONG.
Lo siguiente fue la deportación. Ocho periodistas pertenecientes a Al Jazeera (5), Radio Caracol Radio (1), Le Monde (1) y NPR (1), fueron expulsados de Venezuela apenas llegaron para hacer la cobertura de las mencionadas manifestaciones. Espacio Público pudo comprobar que en algunos casos las autoridades de Migración ya sabían que estas personas eran periodistas, antes de que ellos se lo dijeran.
La ONG explica que cuando un equipo de prensa internacional se dispone a realizar un trabajo periodístico en Venezuela no existe un mecanismo de acreditación transparente que impida la arbitrariedad. «Hay un conjunto de requisitos que aún cuando los periodistas o sus medios los completan, no reciben respuesta por parte del Ministerio de Comunicación e Información; en otros casos se les incluye una solicitud de visa que deben tramitar en el Consulado venezolano en el país de origen, donde tampoco obtienen respuesta», denuncian.
Espacio Público asevera que el mes pasado el Gobierno también se esforzó en inducir censura previa, esto a través de un comunicado del Directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), «parecido al que en 2014 provocó la salida del aire del canal NTN24». En vísperas del 1S, además de expresar su completo respaldo al presidente Maduro, el organismo regulador advirtió: «No se tolerarán irresponsabilidades mediáticas destinadas a reproducir un escenario similar al del 11 de abril de 2002 y de principios de 2014, cuando se avaló la agresión al pueblo venezolano mediante el uso de los medios de comunicación.
Atropellos en cifras
El conteo de Espacio Público indica que en el contexto de las movilizaciones del 1S se registraron 20 casos, 29 violaciones a la libertad de expresión y 32 víctimas, 31 de éstas periodistas.
Los ataques contra medios de comunicación se registraron en agosto en dos oportunidades, la primera de ellas contra el Diario de Los Andes, en la celebración de su 38 aniversario. Contra la sede del diario El Nacional lanzaron excremento y bombas molotov, así como un papel con un mensaje dirigido a Miguel Henrique Otero, director editor del diario. Ambos eventos ocurrieron en horas de la madrugada.
El hostigamiento judicial mostró otra cara. El Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Barinas, hizo saber mediante comunicación escrita a los directores de los impresos El Diario de Los Llanos, La Prensa y La Noticia la prohibición de publicar, a partir del 23 de agosto, toda información que haga público cualquier señalamiento o indicio de corrupción atribuible al gobernador de la entidad, Adán Chávez.
Durante el mes pasado, Espacio Público documentó 11 casos de intimidación. En 7 de éstos observó que los victimarios fueron funcionarios de los distintos órganos de seguridad del Estado.
La ONG elaboró un informe detallado del 1S.
