El Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, presentó los alcances del proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual será sometido a segunda discusión en la plenaria del Parlamento el próximo jueves.

En compañía de los parlamentarios Ismael García y Carlos Berrizbeitia, Guevara señaló que la propuesta de Reforma comprende 19 modificaciones del articulado vigente, con la finalidad de adecuar el conjunto de leyes anticorrupción a lo estipulado en la Constitución Nacional.

Al respecto, explicó que la propuesta abarca cuatro aspectos clave dentro de la administración pública venezolana: nepotismo y demás formas de conflicto de interés; rendición de cuentas; inhabilitaciones políticas y fortalecimiento del sistema nacional de control fiscal.

“El nepotismo es uno de los peores vicios que existe en nuestro país. La semana pasada escuchamos con asombro las lamentables declaraciones del Contralor General cuando dijo que había nepotismo bueno y nepotismo malo. Todo nepotismo es malo, porque todo abuso de poder es malo. Es por eso que en esta Reforma que hoy presentamos se introduce por primera vez en el marco jurídico venezolano regulaciones en materia de conflictos de intereses. A partir de la aprobación de esta reforma, se acabó ese bochinche de meter en cargos directivos a la tía, a la prima, a la mamá. Este instrumento presenta nuevas causales de sanción contra aquellos funcionarios que incurran en esa práctica. Igualmente, la Contraloría General deberá tomar acciones en aquellos casos que violenten la cláusula de conflicto de intereses. Por ejemplo, si un funcionario que aspire a un cargo tiene una empresa de alimentos, entonces no puede asumir el cargo de dirigencia en el Ministerio de Alimentación”, puntualizó.

Acerca de la rendición de cuentas, Guevara informó que la propuesta incorpora sanciones de reparo y responsabilidad administrativa a los funcionarios que no presenten los comprobantes que demuestren en qué han gastado los recursos públicos.

“Este ha sido uno de los elementos que ha contribuido al despilfarro de los recursos públicos y al incremento de la corrupción. La rendición de cuentas fue eliminada en anteriores reformas hechas a la Ley de Contraloría, la última en 2010 cuando la Asamblea era controlada por el partido de gobierno.»

El tercer aspecto fundamental es el de las inhabilitaciones. En este sentido, Guevara señaló que en la reforma propuesta se plantea que las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría General de la República estén restringidas únicamente a funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoción, con lo que se suprime la potestad del Contralor de acordar tales sanciones para la postulación, la elección y el ejercicio a cargos de elección popular.

En cuanto a funcionarios de elección popular, Guevara precisó que la reforma se adapta a la Constitución Nacional, al establecer que dichos funcionarios solo podrán ser inhabilitados previa sentencia judicial penal y firme, dictada por el Poder Judicial, en concreto, por un tribunal penal competente, tal como lo establece la Carta Magna en sus artículos 65 y 42.

“Las inhabilitaciones deben ser para castigar la comisión de delitos de corrupción por parte de funcionarios públicos a todo nivel, y no para ser utilizado como arma para la retaliación política y el pase de factura a funcionarios o candidatos contrarios a los intereses del gobierno. Debemos poner fin a la política perversa empleada por este régimen de inhabilitar a adversarios políticos por temor a ser derrotado en procesos electorales”, sentenció.

Finalmente, la reforma plantea un conjunto de medidas para fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal, tales como la sujeción de la función de control a la planificación anual que deberá tomar en cuenta los planteamientos de otros Poderes Públicos, las denuncias recibidas y proyectos en los que se haya invertido la mayor cantidad de recursos, con el objetivo de disminuir la infectividad de los planes de fiscalización de la Contraloría. “De acuerdo con la tendencia actual, la Contraloría se ocupa fundamentalmente de fiscalizar alcaldías y órganos pequeños con poco presupuesto, dejando sin control los grandes fondos del Estado que se dejan abiertos para hacer mega guisos”, puntualizó Guevara.

También se amplían las competencias de la Contraloría General de la República para que controle la armonización de las políticas monetarias, fiscal y cambiaria para garantizar la estabilidad macroeconómica y la aplicación de los principios constitucionales que rigen la materia, especialmente el de equilibrio fiscal, además de fijar sanciones para aquellos funcionarios que impidan la divulgación de cifras oficiales e indicadores macroeconómicos, y disminuir así la opacidad de la gestión gubernamental.

Finalmente, se condiciona la posibilidad de intervenir contralorías estadales y municipales supeditando su ejercicio a la opinión favorable de los Consejos Legislativos y de los Concejos Municipales, además de normar los concursos públicos para la designación de los contralores estadales y municipales, conforme a los artículos 163 y 176 de la Constitución.

“Lo hemos dicho: en Venezuela la corrupción mata. Tenemos la obligación moral y política de ponerle fin a esa situación, en donde no hay comida ni medicinas porque el dinero destinado para su producción o importación se los robaron unos privilegiados. La Contraloría General de la República debe estar al servicio de la salvaguarda del dinero de los venezolanos, no de la defensa de los intereses de un grupito”, destacó.