@loremelendez
Una parte del informe de Provea desmonta la afirmación del Ejecutivo nacional de haber alcanzado la cifra del millón (1.000.016) de casas entregadas a través del programa social Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), cuya mayoría de beneficiarios carece de títulos de propiedad. Así, a lo largo del documento, se ofrece una serie de argumentos en la cual prevalece la opacidad, las incongruencias, la disparidad de las cifras y las contradicciones que el mismo gobierno ha dejado en evidencia a través de sus declaraciones.
1.- Ritmo nunca visto: llegar al millón de viviendas construidas supuso que el Estado culminara durante el año pasado 326.323 unidades en todo el país, una cifra jamás alcanzada por la Misión desde su lanzamiento en 2011. Provea sentencia que no existe ninguna evidencia de este logro. La “operación remate”, que se aplicó entre noviembre y diciembre, debió levantar al menos 246.853 viviendas en 60 días ―es decir, 4.114,2 casas diarias; 171,4 por hora―, más de lo que se construyó en cada uno de los años anteriores. Tal ritmo, indica el informe, “hubiera sido evidente para cualquiera y hubiera impactado favorablemente en las propias estadísticas económicas oficiales”.
2.- Construcción aletargada: en su informe “Resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, Producto Interno Bruto y Balanza de Pagos” del cuarto trimestre de 2015, el Banco Central de Venezuela asegura que el retroceso de la actividad del sector construcción en el país se ubicó en -23,8%. El documento indica que esta era el área más afectada por la crisis.
3.- Cuentas no claras: la Memoria y Cuenta del Ministerio de Vivienda y Hàbitat tampoco ofrece datos exactos sobre los entes que participaron en la edificación de estas viviendas. Se señala apenas que 16.164 unidades fueron levantadas a través de convenios internacionales (estos números también presentan irregularidades), Produzca-Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y la Inmobiliaria Nacional. En el resto del documento no hay más cifras al respecto.
4.- Materiales no hay: aunque el Ejecutivo aseguró que se haría un esfuerzo especial para garantizar los materiales de construcción, la investigación de Provea no consiguió evidencias de ello. La Memoria y Cuenta del ministerio sostiene que “la adquisición, procura, logística, fabricación, almacenamiento y distribución del material de construcción” se vio afectada por “la guerra económica” y “ocasionó que el mercado nacional no contara con los materiales de construcción, en las cantidades suficientes, requeridos por los entes ejecutores de proyectos de viviendas”. La materia prima tampoco la tenían las empresas fabricantes.
5.- Obras sin obreros: Provea apunta que desde el gobierno nunca se difundió la cantidad de personas empleadas para la construcción de las viviendas. Las referencias en este apartado sólo pertenecen al sector privado y a los gremios, que afirman que la tasa de desocupación en el sector es superior a 70%.
6-. Casas que no son nuevas: para inflar sus cifras, el Ministerio probablemente incluyó dentro de la meta del millón las refacciones hechas por la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor durante 2015 a inmuebles viejos en zonas populares. Tal apreciación proviene de la información publicada en medios públicos, en los cuales se afirmó que 15 mil viviendas fueron culminadas la mencionada misión y que 110 mil estaban en ejecución.
Las OLP y los nuevos “sin techo”
Desde julio de 2015, las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), desalojaron de sus hogares a cientos de familias. Las tildaron de invasoras, pese a que varias de las comunidades tenían al menos cinco años de haber sido fundadas, y las asociaron con grupos “paramilitares”.
Según el Ejecutivo, fueron “recuperadas” 1.490 unidades habitacionales dentro de los urbanismos de Misión Vivienda. El término suaviza lo que en realidad fueron desahucios. Las familias quedaron a la intemperie, sin soluciones ni respuestas sobre sus casas. En total, 976 viviendas fueron destruidas en diversas zonas del país, mientras que 10 de estas fueron quemadas por la policía durante los allanamientos ilegales de cada operativo de seguridad. Los afectados también afirmaron haber sido víctimas de hurtos por parte de las fuerzas de seguridad.
