La Organización de los Estados Americanos (OEA) debería exigirle al Presidente Nicolás Maduro que revoque un decreto de emergencia que limita la posibilidad de la Asamblea Nacional y de las organizaciones no gubernamentales venezolanas de cuestionar los abusos de poder cometidos por el gobierno, manifestó hoy Human Rights Watch.
Para HWR, el decreto de emergencia del Presidente Maduro vulnera las obligaciones jurídicas internacionales que surgen de la Carta Democrática Interamericana, que obliga al país a promover y defender la democracia representativa, la cual incluye como uno de sus componentes esenciales a la separación de poderes.
“Hasta hace poco, el gobierno de Maduro ha podido encarcelar a opositores y cercenar los derechos de ciudadanos de a pie sin temor a ningún tipo de reacciones de los otros poderes”, observó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Pero ahora que la oposición controla la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente se atribuyó a sí mismo la facultad de despojar a este órgano de su potestad de sancionar a funcionarios gubernamentales”.
En la práctica, el “estado de excepción” declarado por el Presidente Maduro podría otorgarle al gobierno mayor discrecionalidad para limitar aún más derechos humanos, apunta la organización, «que ya están siendo continuamente vulnerados en Venezuela, incluidos los derechos a la libertad de asociación y expresión».
Recordaron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que los gobiernos podrán “derogar” o suspender temporalmente algunas de sus obligaciones de derechos humanos declarando el estado de emergencia, pero sólo ante situaciones excepcionales que “pongan en peligro la vida de la nación”.
Incluso en esos casos, continúan, los gobiernos sólo pueden derogar sus obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos “en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación” y para Human Rights Watch el Decreto declarado por Maduro no cumple con estos requisitos. Indican que, por el contrario, «pareciera ser una medida con motivaciones políticas contra opositores del gobierno y las organizaciones independientes».
Human Rights Watch asegura que dadas la interpretaciones autorizadas de la Carta Democrática Interamericana ofrecidas por el Comité Jurídico Interamericano y la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA dejan en claro que situaciones como las actuales en Venezuela —donde el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno— justifican una respuesta activa por parte de la OEA, con o sin el consentimiento del gobierno venezolano.
“A la luz del pobre desempeño del gobierno de Maduro, hay razones de sobra para temer que éste responda a una creciente crisis económica y política empleando prácticas represivas, incluyendo detenciones arbitrarias, censura y violencia”, dijo Wilkinson. “La OEA debe actuar ahora, antes de que la situación empeore”.
Este pronunciamiento de HRW llega el mismo día que el diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, formalizará la petición ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, de activar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela.
*Con información de nota de prensa
