Para la ONG Paz Activa, es evidente la consolidación de las denominadas “megabandas”, grupos de delincuencia organizada, se erigen como una amenaza real a la estabilidad política y social de nuestro país, así quedó esta semana cuando luego de varios días, un operativo militar y policial, muriera uno de los delincuentes más buscado del país, José Antonio Tovar Colina, alias “El Picure”.
En un trabajo realizado por el periodista Javier Ignacio Mayorca para el Observatorio de Delito Organizado, resaltó “que los‘ toques de queda’ eran anteriormente una de las expresiones más palpables del monopolio de la fuerza reservado al Estado a través de sus instituciones castrenses. En Venezuela, los hubo en febrero de 1989 luego de los disturbios conocidos como el “Caracazo”; e igualmente luego después de las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992. También durante la crisis política posterior al a los sucesos del 11 de abril de 2002. En todos estos casos, fueron ordenados por el Presidente de la República y ejecutados por el ministerio de la Defensa. Sin embargo, los de 2016 (En Tumeremo y Maracay – 4 febrero 2016) fueron implantados por organizaciones delictivas y se cumplieron”.
Otro aspecto revelador que desarrolla Javier Ignacio Mayorca, es la reseña de un artículo de John P. Sullivan, donde éste señala que las insurgencias criminales “desafían al Estado generando violencia criminal de alta intensidad que erosiona la legitimidad y la solvencia de las instituciones”. Este articulista del Small Wars Journal estableció cuatro fases o niveles de estos procesos: Comienzan como insurgencias locales; Intentan instaurar un Estado paralelo; Combaten al Estado; y por último, Implosión estatal. El Estado pierde la capacidad para contener a estas fuerzas criminales, como ocurrió en Guinea Bissau.
Mayorca, indica que algunos hitos de los procesos de gestación de una insurgencia criminal como la que vive el país son tan escandalosos y evidentes, que han sido reportados a través de los medios convencionales y electrónicos, aún en condiciones de alta censura y control como los que caracterizan a la actualidad venezolana. Pero no todos son registrados, ni siquiera denunciados formalmente. “El rezago es una de las características del accionar de los cuerpos de seguridad venezolanos. Ya sea por desconfianza de la ciudadanía, negligencia, descuido o incluso complicidad con factores delictivos por parte de policías y militares, lo cierto es que cuando las investigaciones comienzan los procesos de insurgencia criminal llevan unos pasos adelante”, apunta el periodista.
“Es fundamental un accionar firme en contra de las megabandas pero con respeto a sus Derechos Humanos. Las FANB se declaran en guerra contra un enemigo interno, donde el objetivo que se traza es la eliminación física del mismo. Es una política de mano dura, que aunque sea aplaudida por algunos y genere réditos políticos, establece un peligroso precedente para futuros planes de seguridad ciudadana”, explica sociólogo director de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado.
