La Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo a través del Tribunal Supremo de Justicia vuelven al ruedo de la confrontación institucional. Esta vez por la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela. El instrumento fue reformado por el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2015 y vuelto a reformar por el Parlamento hace cuatro semanas.

Ayer a las 9:00 de la mañana la junta directiva de la AN envió a la imprenta nacional el texto sancionado el 3 de marzo, para su publicación y entrada en vigencia. La medida se adoptó ante el silencio administrativo del Ejecutivo, que lo recibió la semana de su sanción pero no lo promulgó, como dice la Constitución, en un lapso de 10 días. Así lo informó el segundo vicepresidente de la AN, Simón Calzadilla.

Ayer a las 10:25 de la mañana el portal gubernamental de noticias AVN publicó una información según la cual “el presidente Nicolás Maduro envió el 17 de marzo a la Sala Constitucional del TSJ el proyecto de reforma a la Ley del BCV para que el máximo tribunal evalúe la constitucionalidad del texto”. La noticia de AVN carecía de vocería oficial y no indicaba la fuente de la información.

En la web del TSJ –que publica diariamente los oficios recibidos en la cuenta de las Salas– se muestra actividad hasta el 11 de marzo, lo cual indica que no se recibió nada más desde entonces o que no se actualizó la página oportunamente.