El bloqueo de llamadas desde las cárceles sería una pequeña victoria contra el crimen organizado

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La aprobación en primera discusión en la Asamblea Nacional de la Ley de Limitación de Telefonía Celular e Internet en Centros Penitenciarios, fue catalogada como una “pequeña victoria contra el crimen organizado” por los criminólogo Fermín Mármol y Luis Izquiel

El abogado penalista y criminólogo, Luis Izquiel, señala que la propuesta de Ley que se aprobó en primera discusión se viene estudiando desde hace seis meses por la Coordinación Técnica de la Comisión de Política Interior. “Esta propuesta responde a un clamor popular, porque para buena parte de los venezolanos es conocido que desde los centros penitenciarios se realizan extorsiones, se cobran secuestros, se realiza el cobro de “rescate” de carros robados, todo vía telefónica. Ese dinero financia las bandas delictivas, les permite comprar armas de guerra y ejecutar las “mejoras” a las cárceles”.

Explica Fermín Mármol que “el pranato cancelario es un bloque delictivo en el país, desde allí se ordenan sicariatos, trata de blancas, secuestros y robos. Esta Ley va a impactar el poder de las pandillas que controlan las cárceles en Venezuela, ya que les va a cortar una fuente principal de dinero”, afirma.

Esta propuesta de Ley buscaría establecer la obligación de la colocación de bloqueadores de la señal de celulares y de Internet por vía inalámbrica; dicha obligación se le establece al Ministerio de Servicios Penitenciarios, ente que tendría seis meses para la colocación de estos bloqueadores.

Llamadas gratuitas para los presos

El propio instrumento legislativo prevé que a la par de la instalación de los bloqueadores, la Cantv debe colocar en los centros penitenciarios del país, teléfonos fijos para que los presos puedan tener comunicación con su familia.

“Los teléfonos públicos gratuitos estarían colocados en la parte administrativa para que los internos realicen llamadas de máximo 3 minutos de duración. También prevé incorporar una grabación que le indique a quien reciba la llamada que la misma procede de una institución carcelaria, de modo que la persona pueda optar por atenderla o no, y así evitar los llamados secuestros virtuales”, explica Mármol.

La extorsión telefónica no se denuncia

Ambos criminólogos afirman que se trata de una tecnología que ha sido probada en centros penitenciarios de varios países de América Latina. Si bien no se conocen cifras oficiales sobre la correlación entre la aprobación de esta medida y la reducción de los crímenes; Mármol apunta que en los países en los cuales se ha implementado el bloqueo de llamadas, la percepción de la sociedad es que hay mayor seguridad.

“No hay cifras porque la gente no denuncia los delitos, la extorsión telefónica no se denuncia”, agrega Mármol.  

Por su parte, Izquiel destaca que han analizado legislación similar que se ha aplicado en países de centroamérica, específicamente en Honduras, Ecuador y Guatemala; acota que en Honduras se redujeron entre 50 y 70% las extorsiones.

Seguridad ciudadana con ayuda de la tecnología

“Comencemos por utilizar la tecnología para bloquear las señales telefónicas; también podemos fundar un portal de los “Más Buscados” en Venezuela —hay más de 2000 personas buscadas por delitos violentos, actualmente en condición de fuga—; también podríamos tener cámaras en las calles. Tenemos que hacer las cosas distintas porque el crimen en Venezuela creció, se estructuró, y hoy suma a más de 100.000 personas que todas los días salen a delinquir”, dice Mármol.

Próximos pasos

“Con la aprobación en primera discusión, viene un período de consultas en el cual seguramente estará involucrado el Ministerio de Servicios Penitenciarios; si ellos no quisieran cumplir la Ley estarían poniéndose no solo al margen de la Ley, sino de la población que pide que se controlen las bandas delictivas que operan desde las cárceles”, sostiene Izquiel.

De ser aprobada, la Ley dispone de un período transitorio de seis meses para su implementación. Este lapso le serviría a la empresa estatal Cantv para instalar los teléfonos públicos en los recintos penitenciarios.

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