Una docena de altos funcionarios gubernamentales han faltado a comparecencias e interpelaciones convocadas por la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, que se estrenó en el Parlamento el pasado 5 de enero.

El tren ministerial del área económica del gobierno de Nicolás Maduro, conformado por los funcionarios: Rodolfo Marco Torres (Alimentación), Jesús Farías (Comercio Exterior), Nelson Merentes (Presidente del Banco Central de Venezuela [BCV]), Eulogio del Pino (Presidente de Pdvsa) y José David Cabello (Seniat) fueron convocados el pasado 22 de enero para comparecer ante la AN, de cara a la crisis económica que atraviesa el país. Dejaron el evento preparado y minutos antes del iniciarse la sesión, el presidente de la cámara parlamentaria, Henry Ramos Allup, declaró a la prensa que no asistirían y que habían sido excusados por el vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz.

El jefe de la bancada chavista, diputado Héctor Rodríguez, arguyó que la ausencia se debía a que no se prestarían a un «show mediático» y que los temas a tratar debían departirse de espaldas a la opinión pública. El chavismo concluyó calificando de «poco seria» la convocatoria legislativa.

Para el miércoles 3 de febrero fue convocada la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Aunado a su no comparecencia, rechazó una nueva citación para el próximo 15 de febrero. Varela fue citada para dar razón de la presencia de armas de guerra y del control que pranes mantienen en las cárceles venezolanas, así como también por la situación de hacinamiento que existe en los centros penitenciarios.

En paralelo con la convocatoria realizada a la ministra Varela, se convocó al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Néstor Reverol, para el pasado lunes 1 de febrero. No solo no asistió, sino que tampoco presentó excusas ante la comisión que había de recibirlo, de Cultos y Régimen Penitenciario, tal como lo señaló su presidente, el diputado Richard Blanco.

El ministro de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, Jorge Arreaza, dejó instalada a la comisión especial que analiza la crisis universitaria el pasado 28 de enero. Propuso su comparecencia para este 3 de febrero. Sin embargo, tampoco asistió.

Para la misma fecha fueron citados el presidente de Venezolana de Televisión (VTV), Jordán Rodríguez; el director de la cárcel de Ramo Verde, coronel José Viloria; el presidente del BCV, Nelson Merentes; el presidente del Cencoex, Rocco Albisinni y el ministro de Finanzas, Rodolfo Medina. Ninguno asistió, no obstante de haber estado instaladas las comisiones que los recibirían.

La comisión de Política Exterior había convocado a los máximos representantes del Cencoex, BCV y ministerio de Finanzas para tratar la falta de liquidación de divisas a jubilados y estudiantes.

La comisión de Política Interior citó al presidente de VTV por la difusión ilegal de audios y al director de Ramo Verde por las denuncias de vejaciones y abusos realizadas por la activista y esposa del preso político Leopoldo López, Lilian Tintori.

Al presente, no han sido acatadas 15 citaciones a comparecencias e interpelaciones por altos funcionarios del gobierno de Maduro. Habiendo sido atendidas apenas dos: la presidenta de Hidroven y su directiva, Siboney Tineo (el pasado 27 de enero) y el general de brigada Henry Timaure, magistrado presidente del Circuito Penal Judicial de la Corte Marcial (este 3 de febrero).

El esquivo proceder de los altos funcionarios del régimen de Maduro los coloca al margen de la Ley de Comparecencia de Funcionarios Públicos.

Dicho instrumento jurídico contempla multas que oscilan entre 100 y 600 unidades tributarias (UT). Además, de proceder la sanción a los funcionarios públicos y estos no cancelar las multas, deben pagar cárcel a razón de un día por UT.

En el artículo 6 de sus disposiciones generales, la ley reza:

«La negativa o excusa injustificada, o la obstaculización de la investigación, será sancionada con multa comprendida entre trescientas Unidades Tributarias (300 U.T.) y seiscientas Unidades Tributarias (600 U.T.), o arresto proporcional, por multa no satisfecha, a razón de un día de arresto por Unidad Tributaria, además de la pena accesoria prevista en el Artículo 22 de esta Ley».

En el título III, artículo 21, se expresa:

«Todo funcionario o funcionaria público o particular, que siendo citado para comparecer ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, no asista o se excuse sin motivo justificado, será sancionado por contumacia, con multa comprendida entre cien Unidades Tributarias (100 U.T.) y doscientas Unidades Tributarias (200 U.T.), o arresto proporcional, por multa no satisfecha, a razón de un día de arresto por Unidad Tributaria. La sentencia se publicará, a costa del sentenciado, en un diario de los de mayor circulación nacional».

La Ley no contempla el término «desacato». No obstante, el diputado y presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, declaró el 21 de enero que en efecto los funcionarios incurrieron en desacato. Adicionalmente sostuvo que se les abrirá procedimientos para sancionarlos.