La diputada por el estado Táchira de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Leidy Gómez, manifestó que los cinco meses en los que se ha llevado a cabo el cierre de frontera «han generado un bloqueo aduanero, comercial e industrial y por esto se están dejando de percibir los ingresos fiscales que provienen de las aduanas fronterizas superior a 7.000 millones de dólares».

«Hoy lo que vemos es el contrabando incrementado, la industria y el comercio paralizada y una afectación económica al fisco nacional. La economía formal aduanera, que le genera ingresos al Estado para el desarrollo del país, se está sustituyendo por una economía informal que se está llevando a través de las trochas», aseguró la diputada este martes en entrevista a Globovisión.

Indicó que en el país vecino, los efectivos de seguridad colombianos han incautado gran cantidad de productos venezolanos. «Según la prensa colombiana se han incautado 7 mil kilos de azúcar y dos toneladas de carne».

«Ante la falta de voluntad política que existe en este momento entre Venezuela y Colombia, no existe reciprocidad para reintegrarle al país los productos incautados por las autoridades de seguridad colombianas. Esta soberanía alimentaria se está escapando bajo la custodia complaciente de las Fuerzas Armadas que están apostadas en las trochas; están contribuyendo para que se terminen de escapar los alimentos con los que cuenta el país», aseveró.

La parlamentaria le exigió al Gobierno Nacional mostrar disposición y voluntad política para reabrir la frontera, pues «no existe ningún soporte de carácter judicial ni económico para mantener el cierre».

«El barril del petróleo, en el presupuesto que se hizo para el 2016, se valoró en 40 dólares y actualmente está en menos de 26 dólares. Por qué el Gobierno se niega a permitir el acceso fiscal que se activa a través de la aduana como es en una frontera tan activa como la colombo-venezolana».

Gómez alegó que el acuerdo que presentó en la Asamblea Nacional para la reapertura de la frontera, se hizo con la finalidad de «brindarle la restitución del derecho a los ciudadanos afectados por la medida».