La nueva mayoría opositora de la Asamblea Nacional descartó el viernes que quiera ir a un conflicto de poderes con el gobierno, pero advirtió que de bloquearse las acciones de la nueva Asamblea Nacional está dispuesta a activar los mecanismos constitucionales que pueden incluir la enmienda constitucional, el referendo revocatorio de mandato o una asamblea nacional constituyente.

«Aquí no va haber conflicto de poderes», afirmó el secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba, al asegurar que la nueva mayoría opositora centrará su trabajo en las «reivindicaciones sociales» para atender los problemas sociales y económicos de los venezolanos y que no buscará una confrontación con el gobierno.

Torrealba dijo en conferencia de prensa que si el gobierno bloquea el «deseo de cambio y de justicia» de los venezolanos «no tendremos otro camino que activar los mecanismos que la constitución» establece para solucionar el conflicto con el gobierno.

Sobre las opciones constitucionales que podría activar la oposición para resolver una eventual disputa, el dirigente dijo que las alternativas pasan por «la enmienda constitucional, la reforma constitucional para el recorte del mandato, el referendo revocatorio y la asamblea nacional constituyente», entre otras.

Entre las primeras acciones que emprenderá la mayoría opositora a partir del 5 de enero está el diseño de una «ley de misiones para todos» para asegurarle a los sectores pobres el acceso a todos los programas sociales y despolitizar esos planes y la aprobación de una normativa especial para entregarle los títulos de propiedad de vivienda a todos los beneficiarios del programa «Misión Vivienda Venezuela», dijo el secretario ejecutivo de la llamada Mesa de la Unidad Democrática al señalar que «la campaña electoral terminó, pero ahora se reinicia la campaña social».

El diputado electo y secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, cuestionó las acciones que tomó la víspera la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional e instó al gobierno a que «no siga corriendo para adelante para darle ánimo a sus propios hinchas».

«No sigan con estos disparates de una Corte exprés, de estar raspando la olla, de estar haciendo nombramientos atolondrados… porque esto es perfectamente revocable y además de una manera muy sencilla conforme a la constitución y las leyes», indicó Ramos Allup.

La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional nombró el jueves como Defensora Pública General a la jueza Susana Barreiros, que emitió la condena contra el dirigente opositor Leopoldo López; acordó el traspaso de la señal y los activos de una televisora y radio del Congreso a sus trabajadores y aprobó una ley comunicación popular.

El influyente presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, dijo que antes de finalizar este año esperan nombrar 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que se jubilaron de manera anticipada.

La oposición ha denunciado que el oficialismo presionó la jubilación adelantada de 13 de 32 magistrados del Tribunal Supremo para asegurarse el control de esa instancia.

La organización internacional Human Rights Watch dijo el jueves en un comunicado que los presidentes latinoamericanos deben exigir a Venezuela que «los legisladores salientes renuncien a su intención de copar una vez más el Tribunal Supremo de Justicia con incondicionales al gobierno».

La coalición opositora logró en las elecciones parlamentarias del pasado domingo 112 de los 167 escaños lo que le garantiza una mayoría calificada que le permitirá convocar a una asamblea constituyente y aprobar una reforma constitucional, designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, la fiscalía general, el contralor general y el defensor del pueblo.

El oficialismo, que por tres lustros había dominado el Congreso con amplia mayoría, deberá manejarse a partir del 5 de enero con 55 diputados.