La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) anunció el pasado viernes que abrió una investigación a la cadena estadounidense de noticias CNN por haber difundido informaciones “falsas” sobre saqueos y violencia en la ciudad de Maracay, capital del estado Aragua, en el norte del país.

CNN, mediante un comunicado emitido antes de que se diera a conocer la medida de la Conatel, reconoció que había puesto al aire un “texto equivocado que hablaba de conato de saqueos en la ciudad de Maracay”, y sostuvo que «fue un error que tenemos que reconocer”. Este, sin embargo, es el capítulo más nuevo de la guerra que el régimen venezolano sostiene contra los medios de comunicación.

En febrero del 2014, nuestra colega Ángela Patricia Janiot fue sujeto a abusos policiales tras tener que abandonar el país por la revocación de su licencia luego del cubrimiento de las protestas que estaban teniendo lugar y de la entrega del líder opositor Leopoldo López.

Del primer caso, tenemos el ejemplo de Radio Caracas Televisión en el 2007, que aunque técnicamente fue la no ampliación de una licitación, el público lo entendió como un cierre.“Equilibrio”. La Conatel implora esta palabra por mandato presidencial en contra de medios considerados opositores, pero vemos que en el panorama informativo nacional venezolano ya no lo hay. En Venezuela impera una paradoja: los dirigentes políticos opositores pueden expresar sus opiniones, pero son perseguidos por ellas y los medios que las difundan pueden ser cerrados, comprados agresivamente o ahogados.

En el 2014 se ordenó la salida del aire del canal NTN24 Venezuela mientras este informaba sobre las protestas en las calles de las diferentes ciudades venezolanas.

Una buena parte de la prensa a nivel regional ha sido entregada al Gobierno tras compras abusivas por parte de empresarios oscuros que luego cambian la línea editorial. Así pasó con uno de los diarios de mayor tradición en el país, El Universal, y con cientos de periódicos regionales.

La falta de dotación de papel periódico es el arma preferida para el ahogamiento de medios impresos libres. Al tener que racionar la cantidad de papel para seguir circulando, los periódicos comienzan a rebajar paginación. Las ventas y la publicidad caen, la operación se hace inviable. Ante esta situación, la solidaridad de la prensa hermana latinoamericana se ha hecho sentir con denuncias ante organismos internacionales y acciones como “Todos Somos Venezuela”, en la que la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) hizo llegar 52 toneladas de papel a tres medios (El Impulso, de Barquisimeto; El Nacional y El Nuevo País).

En un país libre y democrático, cada medio, desde su perspectiva, tiende a informar de una forma más o menos objetiva e imparcial a sus audiencias. En Venezuela, la palabra “imparcialidad” está asociada a otras como “oposición”, “imperio”, “golpismo”, “fascismo”. Desde afuera ya no es posible encontrar la imparcialidad. De un lado está Telesur, un canal de altísima calidad profesional, pero hecho a la medida del chavismo, y no exactamente ya del otro, Globovisión, extrinchera de la oposición, reblandecido hasta el silencio cuando terminó pasando a manos de empresarios amigos del Gobierno en el 2013. Ni qué decir del canal estatal, Venezolana de Televisión (VTV).

La cobertura informativa de Telesur en otros temas coyunturales internacionales es de las mejores del mundo, pero en lo que atañe a Venezuela es nula. Globovisión rebajó sus espacios informativos y ahora su parrilla está llena de programas de salud, belleza y tecnología.

Televen y Venevisión han optado por la autocensura. Su cubrimiento informativo apenas reseña acontecimientos. El Gobierno les ha mostrado los dientes. Lo mismo pasa en la radio, donde el número de emisoras de noticias se ha rebajado considerablemente, mientras que el de las musicales se ha incrementado.

La guerra contra los medios internacionales no se reduce a CNN. Varios corresponsales de medios internacionales tuvieron que abandonar el país, como la corresponsal de la cadena catarí Al Jazeera Mónica Villamizar Villegas, a quien el presidente de la Asamblea General, Diosdado Cabello, señaló públicamente de ser agente al servicio de Estados Unidos.

Las revelaciones este año del diario español ABC sobre la existencia de un ‘Cartel de los Soles’ que enviaba droga a Europa, dirigido por Cabello, hicieron que el aparato gubernamental se dirigiera de nuevo contra los representantes de la prensa extranjera en Venezuela. El diario El Nacional hizo eco de esas denuncias y fue sujeto, un vez más, de acciones legales contra su director, Miguel Henrique Otero, a quien se le impuso una caución para que no salga del país.