La muerte de un adolescente venezolano el martes por un policía que le disparó con una escopeta de perdigones de goma en la cabeza causó no solo conmoción en la opinión pública, sino también el rechazo de buena parte de la sociedad sobre el uso de armas para reprimir protestas.

Este jueves, a dos días del suceso, un grupo de estudiantes, juristas, académicos y opositores se pronunciaron contra la resolución del Ministerio de la Defensa emitida recientemente que permite a la Fuerza Armada el uso de la fuerza «potencialmente mortal» en caso de que sea necesario durante la represión de protestas.

El grupo presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para pedir a la Sala Constitucional la nulidad de esta resolución «nefasta» y «mortal», al tiempo que exigió un pronunciamiento rápido a esta solicitud al considerar que «la vida de los jóvenes venezolanos pende de un hilo» por culpa de esa instrucción.

El estudiante de bachillerato Kluiverth Roa, de 14 años, falleció en un escenario de protestas en San Cristóbal, estado Táchira (oeste), y el agente de la estatal Policía Nacional Bolivariana (PNB) Javier Mora, de 23, fue imputado por «homicidio intencionado» con agravantes por tratarse de un menor de edad.

Mora confesó que disparó al adolescente con una escopeta de perdigones de goma, según la Fiscalía venezolana.

El defensor del Pueblo, Tareck William Saab, aseguró, sin embargo, que la resolución no tiene relación con la muerte del joven ya que ésta regula la actuación de las fuerzas armadas y no de la PNB, cuerpo al que pertenece el imputado.

«En este caso, quien actuó fue la PNB (…), lo que ocurrió fue que un policía de manera indebida, de manera criminal, mató a un menor de edad, eso no tiene que ver con ninguna resolución», dijo Saab.

Los obispos venezolanos, por su parte, pidieron a las autoridades del país que no empleen métodos o armamentos «contrarios a la legalidad», en clara alusión a la resolución que, según sus detractores, es contraria a la Constitución donde se establece que las manifestaciones no pueden ser controladas con armas de fuego.

En un comunicado firmado por Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, y respaldado por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), se exhorta además a que, «siguiendo la invitación del papa Francisco», se agoten los espacios «para el encuentro y el diálogo» que sea constructivo para la búsqueda de soluciones.

En el ámbito internacional se siguieron produciendo reacciones sobre la muerte del chico en las que se pidió a Venezuela, precisamente, retomar el diálogo.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habló este jueves de la necesidad de que se reactive un diálogo político en Venezuela y se ofreció para mediar entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, siempre «respetando la autonomía», dijo, para ayudar a resolver la crisis del vecino país.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su preocupación por nuevos informes sobre actos de violencia surgidos en Venezuela y manifestó su apoyó los esfuerzos para promover el diálogo político.

Asimismo, la organización Human Rigths Watch insistió en la necesidad de que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) actúe para «repudiar las graves violaciones a los derechos humanos» en Venezuela y exigir la puesta en libertad de los dirigentes de la oposición detenidos.

Sobre la detención de los políticos, una representación de 15 burgomaestres pertenecientes a la Asociación de Alcaldes por Venezuela se concentró frente a la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, para demandar la liberación de los opositores Antonio Ledezma, Leopoldo López y Daniel Ceballos.

Entretanto, el Gobierno ofreció hoy detalles sobre el fallido plan de golpe de Estado que denunció hace dos semanas el propio presidente, supuestamente trazado desde Estados Unidos y en el que estarían involucrados, presuntamente, militares de la aviación y opositores.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana (AN), Diosdado Cabello, presentó en televisión una relación de llamadas telefónicas efectuadas supuestamente desde el teléfono de Ledezma en enero de este año a un número de EE.UU. perteneciente a dos venezolanos que estarían detrás de la financiación del fallido golpe.

Según Diosdado, con el mismo número de Estados Unidos al que aparecen llamadas efectuadas en el registro del teléfono de Ledezma se comunicó también el teniente Henry Salazar, detenido como uno de los presuntos ejecutores de la tentativa golpista.

Maduro dijo que si al pueblo de Venezuela «le tocara luchar» solo, «sin el apoyo del mundo», así lo hará, en un acto en el que acusó a Washington de presionar «a todos los países de Latinoamérica y el Caribe» para que se sumen y apoyen una intervención estadounidense en Venezuela.

También pidió a los «diputados de la derecha» del Parlamento Europeo que «no metan sus narices» en los asuntos de Venezuela después de que la mayoría de grupos políticos de la Eurocámara demandasen el miércoles la liberación de Ledezma y el cese de los episodios de violencia en el país.