El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a 33 funcionarios y exfuncionarios venezolanos en los últimos seis años, la mayoría por presuntos vínculos con el narcotráfico y violaciones de Derechos Humanos.
Las últimas medidas se dieron en agosto de 2014, cuando el Departamento de Estado negó visas a 24 altos cargos presuntamente involucrados en represión a opositores durante las protestas contra el Gobierno en febrero de este año. Oficialmente se desconoce quiénes fueron los afectados.
De septiembre de 2008 hasta agosto de 2013 nueve altos funcionarios acumulan sanciones por supuestos nexos con narcos y las guerrillas colombianas, entre ellos dos gobernadores que antes se desempeñaron como ministros del Interior y de la Defensa, un diplomático, dos diputados y militares.
En agosto de 2013 el Departamento del Tesoro designó a un capitán retirado de la Guardia Nacional como «un capo de la droga» con nexos internacionales conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Fue el último uniformado agregado a esta legislación antinarcóticos.s
El Congreso aprobó el pasado 10 de diciembre, luego de que lo hiciera el lunes el Senado, medidas contra empleados públicos de alto rango venezolanos por los sucesos de febrero.
En este último caso las sanciones son más rigurosas. La designación está acompañada del congelamiento de los bienes que puedan poseer en EEUU y prohíbe a entes de ese país realizar transacciones con los designados o sus propiedades. Washington no revela qué se les embarga de entre lo que poseen.
Por el momento la última batería de medidas contra el Gobierno no está en vigencia porque el presidente Barack Obama debe promulgarlas, pero el mandatario no se opondría a estas, dijo el portavoz de la Casa Blanca, citado por la prensa norteamericana.
En conjunto, de 2006 a 2014 entidades de propiedad del Estado venezolano acumulan cinco sanciones por presuntos nexos con organizaciones y países terroristas que han sido aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europa (UE).
La última medida por parte de Washington contra una empresa del Estado venezolano se dio el 24 de mayo de 2011 cuando Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fue penalizada por violar leyes norteamericanas (la Cisada y la ISA) que buscan frenar el programa nuclear de Irán, del cual la comunidad internacional sospecha persigue objetivos militares.
El Banco Internacional de Desarrollo de Venezuela, filial del Export Development Bank de Irán (EDBI), figuró en agosto de 2010 entre las entidades que la UE y EEUU penalizaron por presuntos nexos con el programa nuclear iraní.
La Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militar (Cavim) en 2008 fue penalizada por EEUU por el intento de exportar explosivos a Irán para la industria petrolera persa.
En 2007, y bajo el argumento de que el fallecido Hugo Chávez no cooperaba en la lucha antiterroristas, la Casa Blanca aplicó un embargo militar que restringe la venta de equipos de defensa estadounidense al país.
