Vía El Mundo Economía & Negocios
El gobierno comenzará un nuevo intento por acabar la venta informal de alimentos y otros bienes de primera necesidad con la ejecución de la parte persuasiva de un plan que contempla hasta tres etapas.
Este plan tiene como respaldo jurídico un decreto que promulgó el presidente Nicolás Maduro, en el que se prohíbe la venta informal de los productos básicos.
«El pueblo está indignado, que cuatro grupitos saquen los alimentos que sí están, que sí se traen y se consiguen en la calle 1.000% más. Ese ladronaje se tiene que acabar», dijo el mandatario el pasado jueves en cadena nacional.
Este viernes Maduro retomó el tema y dijo: «Vamos a lograr que se acabe el acaparamiento, la especulación y la robadera con los productos de primera necesidad contra el pueblo de Venezuela».
Esta no es la primera vez que el Gobierno intenta poner fin a la venta especulativa de alimentos, productos de higiene y limpieza en las calles, principalmente cerca de los mercados populares o en las zonas aledañas a los barrios.
En 2010, los ministerios de Comercio, Agricultura y Tierras, Salud y Alimentación, publicaron en la Gaceta Oficial un decreto en el que se prohibía a los vendedores callejeros la comercialización de estos productos. Días más tarde, esta norma fue revocada por el entonces presidente Hugo Chávez.
La prohibición señalaba que no podían comerciarse en mercados informales 20 productos
«Los buhoneros y la economía informal en vez de prestarse para especular a favor de la burguesía que se lleva la gran ganancia, las mafias que están detrás, se unan al pueblo y denuncien a las mafias«, señalaba el mandatario.
Bajo esa misma premisa, en 2013, el entonces presidente del extinto Indepabis , Eduardo Samán, dijo que «los buhoneros son víctimas finales de un aparato mafioso», y aseguró que el margen de ganancia se queda en la agroindustria.
Él mismo salió a la calle con un megáfono a persuadir a los vendedores informales a desistir de esa actividad. «Vamos a tener un proceso de vigilancia constante para impedir que los productos de la cesta básica sean vendidos en la calle», dijo durante uno de los recorridos en octubre de ese año.
Sin embargo, al tiempo que el Banco Central de Venezuela, registraba niveles de escasez de 26% a principios de 2014, los productos seguían a la venta en las calles de Caracas, con un precio dos, tres o cuatro veces superior al regulado.
En abril de este año, Andreína Tarazón, entonces Superintendenta de Precios Justos, anunció fiscalizaciones por todo el país contra aquellos vendedores informales que revendan productos de primera necesidad.“Estamos anunciando que en las próximas horas la Superintendencia de Precios Justos va aplicar medidas sancionatorias en todo el territorio nacional, a quienes se estén dedicando a la reventa de productos de primera necesidad”, afirmó Tarazón.
Las declaraciones iban acompañadas de operativos, sanciones y algunos decomisos, pero al poco tiempo, nuevamente los vendedores retornaban a la venta de productos poniéndolos a disposición de quienes no gustan de las largas colas en los supermercados o simplemente después de recorrerlos salen con las manos vacías.
Con el inicio del plan contra el contrabando las acciones arreciaron y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, informó del decomiso de varios productos en las cercanías de los mercados municipales.
En agosto, el director de Policaracas, Robinson Navarro, informaba la incautación de varias toneladas de alimentos en el mercado de Coche, en el sur de la capital .
En este nuevo intento, el plan está más detallado e incluso cuenta con el apoyo de un sector de los trabajadores del sector informal.
En una rueda de prensa el pasado viernes, el superintendente de precios justos, Andrés Eloy Méndez, señaló que el plan tiene tres etapas.
1.- Educativa y pedagógica. Donde aquellos comerciantes que estén vendiendo estos productos de manera ilegal firmarán una caución de no reincidencia.
2.- Aplicación de la Ley. Con el decomiso de la mercancía y la imposición de multas a quienes sigan vendiendo los productos.
3.- Acciones penales. «La tercera fase corresponde a la aplicación de todo el peso de la ley en la que los ciudadanos que violen la normativa legal de precios justos quedarán a la orden del Ministerio Público».
En el operativo que será lanzado el viernes 31 de cotubre, participarán el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime), el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), junto con 700 fiscales que se desplegarán con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los 27.000 inspectores del Sundde
