Agregó que “cualquier decisión en materia educativa pasa por una consulta vinculante con los padres y representantes. La asamblea tiene la autoridad para ejercer el derecho preferente sobre el tipo de educación que van a tener nuestros hijos”, dijo.
La presidenta de Fenasopadres criticó que el Gobierno aumente unilateralmente porque, a su juicio, debe servir de garante para que el derecho a la educación se ejerza con pluralidad y garantía, “sobre todo en las instituciones públicas”.
Recordó que desde 2003-2004 «de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional» el Gobierno ha fijado los aumentos escolares, lo que ha traído como consecuencia que algunas instituciones que no tienen subvención se hayan visto afectadas, al no poder cubrir nómina, material, mantenimiento ni nuevos proyectos.
Precisó que el problema no es el porcentaje del aumento. “El punto de partida es que, en estos momentos, las asambleas deberían decidir libremente y de forma vinculante, previa presentación del proyecto de presupuesto de cada colegio”.
Destacó que, según los índices de inflación reportados por el Banco Central de Venezuela (BCV), más los aumentos del salario mínimo decretados por el Presidente de la República, el incremento en los colegios estaría rondando 60%.
Agregó que si las instituciones educativas tienen proyectos de inversión, la asamblea de padres también sería quien los aprobaría, si el Ministerio de Educación refrenda el costo y el uso de los recursos.
Finalmente, Martín señaló que el Gobierno no puede convertirse en inquisidor, aplicando “medidas persecutoras que van en detrimento de la calidad educativa”.
