Carlos Munelo, diagnosticado con autismo a los 4 años de edad, no ha podido adaptarse a las escuelas regulares ni tampoco a las especiales. Desde hace 3 años el joven permanece en casa. Su hermana mayor, de 25 años, lo cuida por las mañanas, y su madre, Yarisma Pacheco, está con él en las tardes. En 2011 fue obligado a retirarse del Centro de Atención Integral para Personas con Autismo, en Barquisimeto, con la promesa de recibir ayuda en los Centros de Diagnóstico, Orientación, Formación y Seguimiento para la Diversidad Funcional, creados por el Ministerio de Educación, durante la gestión de Maryann Hanson. Sin embargo, nunca recibió tal atención y tampoco es aceptado en talleres laborales.
La transformación de las escuelas especiales que inició el gobierno en 2011 amenaza con el cierre definitivo de instituciones educativas especializadas para atenderlos, lo que ha impulsado la deserción escolar.
Desde 2011, se redujo 20% el número de niños especiales atendidos por el Estado y el sector privado. En el año escolar 2011-2012, la matrícula era de 179.251 estudiantes, mientras que en 2012-2013 quedaron 149.310. La cifra refiere que 29.941 estarían fuera del sistema escolar.
Munelo, junto a otros 88 jóvenes que eran recibidos en el Caipa de Lara, están fuera de las escuelas a raíz de la medida de eliminar este tipo de instituciones a favor de un nuevo esquema de educación especial, que dicta que el niño debe integrarse a escuelas regulares, indicó Zoraida González, madre de un niño con autismo. De los 23 Caipa que había en el país, solo quedan 2 abiertos desde 2011, recordó González.
La incorporación de un currículo regular en el Taller Laboral Concepción Mariño, en Miranda, provocó la deserción de 70% de la matrícula de jóvenes de entre 15 y 20 años de edad que recibía atención allí, señaló Nelsa González, madre de un estudiante del taller con retardo de aprendizaje.
“Lo que hicieron fue meterles Matemática, Lenguaje, pero algunos ni hablan ni saben leer. Sin una visión clara de lo que se quiere hacer, lo que queda es que quienes no se acoplen a ese currículo no son recibidos”, señaló González.
Resistencia al cierre
Una medida cautelar de protección, lograda por un recurso interpuesto por padres de Mérida y Táchira, obligó a las zonas educativas a retroceder la medida de cierre de instituciones educativas especiales en algunos municipios de estos estados.
Naibis Rodríguez, madre de un niño de 2 años con hipotonía, en Mérida, aseguró que desde 2012 se encuentran amenazados de cierre el Centro de Desarrollo Infantil, las unidades de atención psicopedagógicas, el Centro de Rehabilitación del Lenguaje y el Taller de Educación Laboral Bolívar. 1.600 padres de la región temen que se escolaricen a niños que no posean la capacidad de estar en un aula de clases, puntualizó Rodríguez.
