Dilma Rousseff ve alejarse la posibilidad de ser reelecta presidente de Brasil en la primera vuelta fijada para el 5 de octubre de este año. La petista deberá enfrentarse en segunda vuelta al socialdemócrata Aécio Neves. Según la más reciente encuesta de Datafolha, realizada entre el 7 y 8 de mayo, Neves ya suma 20% de las intenciones de votos con tendencia a crecer, mientras la candidata-presidente ha perdido siete puntos porcentuales desde la medición levantada por la misma empresa en febrero pasado. En tanto, dentro del PT ha cobrado fuerza un sector que se autodenomina “Volta Lula”, el cual pide al expresidente que asuma la candidatura del partido, ante el temor de ser desplazados del poder. El PT aún podría cambiar de candidato presidencial hasta mediados del mes de septiembre.
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La aplicación de sanciones contra funcionarios y “empresarios” vinculados con el régimen venezolano sigue confrontando a la Casa Blanca y a un grupo bipartidista de parlamentarios que las promueven. Tal como lo adelantáramos en el Informe del 5 de abril, Washington optó por una vía diplomática ante la crisis política desatada en Venezuela. El Departamento de Estado incluso promovió entre países suramericanos la creación de una comisión de diálogo entre el Gobierno y la oposición con facilitación internacional. La idea inicial de EEUU fue que la OEA impulsara este esquema, el cual se concretó finalmente con la participación de Unasur y el Vaticano.
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En marzo pasado, las comisiones de política exterior, tanto de la Cámara como del Senado de EEUU, aprobaron acuerdos solicitando al presidente Barack Obama la aplicación de sanciones personales (congelamiento de cuentas y negativa de visados) contra altos funcionarios venezolanos comprometidos en actos de violación de Derechos Humanos. La Casa Blanca mantuvo su posición de no aplicar sanciones, para lo cual cuenta con base legal suficiente. Actualmente corren en el Congreso estadounidense dos proyectos de ley en la misma dirección. Uno de ellos, el promovido por la representante republicana Ileana Ros-Lehtinen, ya fue votado favorablemente el 9 de mayo de 2014 por el Comité de Relaciones Exteriores y deberá ir al plenario. En el Senado, el demócrata Bob Menéndez, quien preside el Comité de Exteriores y su colega republicano Marco Rubio están creando ambiente para un proyecto de ley que obligaría a Obama a establecer sanciones.
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El tema de las sanciones contra funcionarios venezolanos impactó el 8 de mayo a la oposición venezolana. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental de EEUU, Roberta Jacobson, compareció a una sesión pública convocada por el Comité de Exteriores del Senado. En su intervención, negándose a suministrar nombres, informó que miembros de la Mesa de la Unidad Democrática MUD y que participan en el actual diálogo Gobierno-oposición, habrían solicitado que EEUU no sancionara a miembros del Gobierno venezolano para no enturbiar las negociaciones en marcha. Resulta poco creíble que la decisión del Departamento de Estado en materia de sanciones haya respondido sólo a una solicitud opositora, pero el comentario de Jacobson confirmó rumores que corrían en Caracas desde varias semanas atrás.
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La confesión de Jacobson desató un terremoto en Caracas. Desde sectores opositores contrarios al actual “diálogo” MUD-Gobierno corrían mensajes acusando de “colaboracionistas” a los representantes de la MUD. El secretario Ejecutivo de la Mesa, Ramón Guillermo Aveledo negó que la MUD hubiera realizado pedidos a EEUU en materia de sanciones y reclamó una aclaratoria de la funcionaria estadounidense “pues se presta a equívocos indeseables”. Aveledo precisó que la MUD se opone a sanciones o embargos contra Venezuela, pero apoyaría “sanciones a personas concretas por violaciones a Derechos Humanos o por actos de corrupción”. La respuesta de Jacobson se produjo la noche del mismo jueves 8 de mayo. En un texto transmitido por la embajada de EEUU en Caracas a la oposición, la oficina de Jacobson intentó recoger el agua vertida, afirmando que “deseamos aclarar que la oposición no ha sugerido específicamente que nos abstengamos de sancionar individuos. Ciertamente, como lo explicó la S/A en su testimonio, algunos miembros de la oposición las han animado”.
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EEUU está aplicado sanciones al régimen chavista desde mediados de la década pasada. Inicialmente el Gobierno de EEUU comunicó a las empresas exportadoras de tecnología informática su decisión de restringir la venta a Venezuela de equipos con tecnología de punta. Estas empresas están en la obligación de notificar al Gobierno de EEUU las ventas a empresas o al Gobierno de Venezuela de equipos con altas capacidad de cómputo. Entre los objetivos de EEUU está impedir el suministro subrepticio de tecnología a Cuba. Luego, en octubre de 2006 entró en vigencia una prohibición estadounidense para la exportación a Venezuela de armamento que incorpore tecnología de EEUU. Esta medida no sólo impide la venta de equipos, repuestos y municiones fabricadas en EEUU, sino que paralizó ventas bélicas a Venezuela desde España, Israel, Suecia y Brasil, entre otros países.
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En 2008, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro comenzó a incorporar altos funcionario del chavismo, incluyendo oficiales de alta graduación, en la denominada “Lista Clinton”. Estos militares y políticos venezolanos, que ya suman nueve, no pueden realizar operaciones financieras o comerciales en EEUU o con empresas estadounidenses por estar señalados de apoyo al narcotráfico. Dos de ellos, militares retirados, actualmente son gobernadores de Estado electos en las listas del oficialista PSUV. En enero de 2009, el servicio de Guardacostas de EEUU, por razones de combate al terrorismo, condicionó el ingreso a puertos estadounidenses de barcos que previamente hubiesen tocado en puertos venezolanos. Esta semana, Diosdado Cabello, el poderoso presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y miembro del gobernante “Comando de la Revolución”, anunció que EEUU le habría revocado su visa, según él, por una medida antiterrorismo.
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La campaña electoral colombiana con vistas a los sufragios del 25 de mayo se convirtió en una explosiva sucesión de ataques y contraataques entre los dos candidatos con aparente mayor opción de pasar a la segunda vuelta: Juan Manuel Santos quien procura la reelección y Óscar Iván Zuluaga abanderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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El diario bogotano El Espectador y la revista Semana difundieron el contenido de un interrogatorio de la Fiscalía colombiana al narcotraficante Javier Calle Serna. El exjefe del narco, preso en EEUU, aseguró que el venezolano JJ Rendón, asesor de la campaña de Santos, habría recibido 12 millones de dólares a cambio de “ventilar” en 2011, ante el presidente, un proyecto de acuerdo para que un grupo de narcotraficantes se entregara a la justicia. Santos confirmó la existencia del proyecto pero tanto él como Rendón negaron saber del pago de la mafia. La noticia originó la salida de Rendón de la campaña Santos y el inicio de ataques desde el uribismo y el Partido Conservador sobre la supuesta presencia de narcodinero en la campaña del candidato-presidente. El expresidente Andrés Pastrana y el uribista Fernando Londoño aseguran que el caso es análogo al financiamiento del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper en 1994. Uribe, quien niega conocer a Rendón, incluso aseguró que el asesor habría financiado parte de los gastos de la anterior campaña de Santos (¡la cual Uribe apoyó!).
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Pocas horas después de estallar el escándalo alrededor de Rendón, la Fiscalía colombiana descubrió una empresa dedicada a intervenir comunicaciones de persona vinculadas a las negociaciones que Santos sigue con las FARC en La Habana. El propietario de la empresa fue detenido e identificado como Andrés Sepúlveda Ardila, quien prestaba servicios a la campaña uribista. Dado que el rechazo a las negociaciones con las FARC es una de las principales banderas del uribismo, quedó en el ambiente que el candidato Zuluaga estaría obteniendo de manera ilegal información para obstruir las negociaciones “de paz” con la guerrilla. Desde la oposición uribista y conservadora piden la apertura de un juicio contra Santos. Desde el santismo se pide la renuncia de Zuluaga a su candidatura. El calor llegó a la campaña colombiana. En tanto, la izquierda “castrochavista” optó por bajarle tono a su participación en las protestas agrarias que vive Colombia. La exsenadora Piedad Córdoba, funcionaria del canal cubanovenezolano Telesur, confesó que votará “por la paz”, lo que se entiende como un guiño a favor de la opción Santos.
Edgar C. Otálvora
