Después de evaluar varias alternativas para otorgarle poderes legislativos al presidente Nicolás Maduro, el gobierno parece haber encontrado el camino políticamente menos costoso. Este miércoles la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia un antejuicio de mérito contra la parlamentaria opositora María Mercedes Aranguren, de quien presumen que cometió peculado doloso (malversación de fondos públicos) y se asoció para delinquir en la administración de una empresa inmobiliaria propiedad del Estado venezolano.

Aranguren forma parte de un pequeño partido político, Migato (Movimiento Independiente Ganamos Todos), que hasta 2011 orbitó alrededor del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Desde que su líder, el exgobernador del estado de Monagas —noreste del país— José Gregorio Briceño, decidió acercarse a la opositora Mesa de la Unidad, el chavismo calificó a la formación y a su militancia como traidores. Es un discurso que parte del supuesto de que a todos los cargos públicos ocupados por la militancia se llega gracias a los votos que obtenía el fallecido Hugo Chávez.

La parlamentaria formó parte del gabinete del gobernador Briceño (2008-2012) como presidenta de una empresa creada por el gobierno local para administrar el estadio Monumental de Maturín, la capital del Estado, que se construyó para recibir partidos de la Copa América 2007 celebrada en Venezuela. Con un aforo de 52.000 espectadores y un equipo local, el Monagas, incapaz de llenar la décima parte de la estructura en sus partidos de la primera división del fútbol local, el gobierno decidió destinarlo también para presentar espectáculos con artistas internacionales. La Fiscalía sospecha que Aranguren presidía una empresa de maletín que firmaba contratos en dólares sin la autorización del Estado, que luego fue liquidada por decisión del mandatario regional. En declaraciones al diario local El Nacional, Briceño, quien vive en Costa Rica dijo que Aranguren adquirió títulos valores en el mercado que funcionó hasta 2010.

Hace algunas semanas Maduro anunció que solicitaría poderes especiales para legislar, aunque el oficialismo no cuenta con las tres quintas partes de la cámara —99 de 165 diputados— para aprobarla. Desde entonces el gobierno ha intentado por todas las vías comunicar que cuenta con la mayoría necesaria. “Tengo el diputado 99, ustedes saben para qué”, dijo el Presidente el pasado viernes al referirse a otro tema. Pero solo ha sido hasta este miércoles cuando se ha concretado la iniciativa que permitiría al suplente de Aranguren, Carlos Flores, ocupar el puesto de Aranguren para aprobar la ley que necesita Maduro para avanzar en sus planes. Durante varias semanas se especuló que se intentaría allanar la inmunidad parlamentaria de la diputada María Corina Machado con la esperanza de que su suplente, Ricardo Sánchez, se convirtiera en la ficha faltante. Sánchez, distanciado de la Mesa de la Unidad, declaró que no avalaría la petición del gobierno.

La acción contra Aranguren se esperaba desde el pasado 24 de septiembre. Ese día la diputada denunció que diputados del gobierno le habían ofrecido “engavetar” (olvidar su caso en la jerga coloquial venezolana) su caso a cambio del apoyo a la iniciativa del Gobierno.

Desde que la Asamblea Nacional se instaló en enero de 2011 se ha mantenido la correlación de fuerzas, 98 para el PSUV y sus aliados y 67 para la oposición. Esto le ha permitido al gobierno aprobar leyes con esa mayoría, pero no ha sido posible dar grandes zancadas para cumplir con el objetivo de consolidar la llamada revolución bolivariana, la misión encomendada por Chávez a sus sucesores antes de morir el pasado 5 de marzo. En el pasado otras iniciativas similares le permitieron al entonces jefe de Estado perfilar el modelo que hoy impera en Venezuela. En 2001 Chávez firmó 49 decretos –que incluían una drástica reforma de la Ley de Tierras- que se convirtieron en la primera razón que arguyeron sus enemigos para organizar el golpe de Estado de abril de 2002. Luego, en noviembre de 2010, el Parlamento le aprobó poderes especiales para legislar en ocasión de las severas inundaciones ocasionadas por el invierno de ese año. En realidad la medida fue una coartada para aprobar instrumentos legales inspirados en la propuesta de reformar la Constitución derrotada en diciembre de 2007.

Maduro le ha pedido a la militancia prepararse para un nuevo rumbo si en octubre continúa la guerra económica, el término con el que el chavismo define la severa carestía de productos e insumos básicos que ha marcado 2013. La medida contra Aranguren luce como la enseña de ese plan.