Durante los últimos años Venezuela ha experimentado un prolongado ascenso de la conflictividad y la protesta social, debido a la falta de respuestas del Ejecutivo ante las demandas de la población.

Cifras reflejadas en el Informe Anual de Provea, dan cuenta de un total de 3986 manifestaciones registradas entre enero y diciembre de 2012, lo que representó un importante aumento con respecto al promedio registrado en los seis años anteriores, equivalente a 2579 protestas.

En 2013 se ha mantenido la tendencia creciente del número de protestas realizadas por diversos sectores de la sociedad. Junto al incremento de la protesta social, también se han elevado los mecanismos e instrumentos legales para criminalizar y restringir su ejercicio.

Si bien en el mes de abril advertíamos que el gobierno del Presidente Nicolás Maduro había iniciado su mandato aplicando la Ley Antiterrorista –una receta del Fondo Monetario Internacional para desarticular las luchas-, es necesario apuntar que desde 2002 se han aprobado normas orientadas a impedir y proscribir formas de luchas históricas del movimiento social venezolano.

Desde 2002 luego de la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, y hasta el presente, se ha contabilizado un aproximado de 3000 luchadores sociales -entre ellos dirigentes vecinales, estudiantes y trabajadores- que han sido sometidos a procesos penales por delitos contemplados en este y otros instrumentos. Ello, luego de haber ejercido manifestaciones exigiendo el respeto a sus derechos.

A este proceso de criminalización y judicialización de las protestas, se suma ahora el empleo de militares para intimidar a quienes protagonizan los conflictos.

Esa intimidación encuentra expresión en la apertura de procesos penales a civiles en la jurisdicción militar, un hecho violatorio de la Constitución Nacional, como ocurrió con 5 sindicalistas del Estado Táchira quienes fueron sometidos a la justicia militar en 2012, luego de realizar una protesta a las puertas del Fuerte Murachí, exigiendo el pago de sus pasivos laborales a la empresa Xacobeo, C.A.

En 2009 se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y se creó en su artículo 50 la figura de los llamados “cuerpos de combatientes”, unidades militarizadas en las empresas públicas y privadas cuyo objetivo podría ser impedir la paralización de la producción -lo que atentaría contra el derecho constitucional a la huelga-, empleando a estos cuerpos como esquiroles o grupos de choque.

A esto se suma la prohibición de realizar manifestaciones en diferentes empresas bajo administración del Estado, tras ser calificadas como “Zonas de seguridad”.

Según Control Ciudadano el 30% del territorio nacional posee ahora esa tipificación, lo cual impide el derecho a la manifestación pacífica como se encuentra contemplado en la Carta Magna.

El llamado a la conformación de milicias obreras realizado el 23.05.13 por el Presidente Nicolás Maduro, se inscribe dentro de esta política de enfrentar represivamente los conflictos, dejando de lado el diálogo, y empleando la fuerza militar.

En junio pasado, 200 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana ingresaron en la empresa Ferrominera del Orinoco, en un intento por disolver una huelga que protagonizaron los trabajadores de esa industria, en reclamo de mejoras salariales y exigiendo el reenganche de un grupo de trabajadores que habían sido despedidos en 2012.

La misma situación se vivió en CVG Minerven, cuando 45 efectivos militares ingresaron el 27.07.13 a la empresa, luego que los trabajadores realizaran una huelga que se prolongó por más de 45 días, en demanda de reivindicaciones salariales y en reclamo por el deterioro de la industria.

También se ha continuado y profundizado la política de militarización de la sociedad venezolana, con el nombramiento de efectivos militares en puestos de dirección de empresas e instituciones del Estado. Esto, ha sido denunciado por los trabajadores como una contradicción con el discurso de control obrero y gobierno obrerista, planteado por el Presidente Maduro.

El 26.07.13 trabajadores de Industrias Diana, C.A, rechazaron la militarización de la empresa y la imposición de un nuevo gerente, según dijeron “desconociendo el esquema de control obrero” establecido en la empresa.

Igualmente, un importante grupo de las empresas que conforman la Corporación Venezolana de Guayana están bajo el control de militares.

En mayo de 2013 fue designado el General Carlos Osorio como Presidente de la CVG. Osorio, respondió al conflicto que desarrollaron los trabajadores de Sidor en días recientes, con la amenaza de despido y encarcelamiento para quienes participaran en la huelga que se llevó a cabo en la acería.

Recurrir al empleo de militares para intimidar y frenar conflictos sociales constituye un atentado a los derechos de las y los venezolanos. La militarización ha generado graves precedentes que en algunos casos se han convertido en juicios militares y prisión por algunos años para quienes protestan.

¿Qué Estado que se asuma obrerista permite acusar de desestabilizadores a unos trabajadores por el hecho de ejercer su derecho constitucional a la huelga? ¿Qué Estado que se asuma obrerista somete a la justicia militar a quienes protesten?.

Exhortamos al gobierno nacional a garantizar la plena vigencia de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, a cesar el empleo de mecanismos para restringir y criminalizar el ejercicio de la manifestación pacífica y a abrir los canales de diálogo necesarios para satisfacer las demandas de las y los venezolanos, como debe ser dentro de una democracia participativa y protagónica. (Prensa Provea, 01.10.13)

Nota: El mapa que se ofrece a continuación, fue elaborado en la plataforma Google Maps, y presenta características distintas a las presentadas en el Mapa Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a la zona del Esequibo, actualmente en reclamación.

Ver Militarización de los conflictos en Venezuela en un mapa más grande

Fuente: www.derechos.org.ve/