El gobierno cubano rechazó «garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como la libre actividad de los defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes y los opositores del gobierno», de entre las 292 recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, publicó el Diario de Cuba según un reporte de Notimex.
Tampoco aceptó «asegurar que los defensores de derechos humanos y los periodistas independientes fueran víctimas de intimidación o enjuiciamiento y detención arbitraria» ni «eliminar las leyes que impiden la libertad de expresión o dejar de aplicarlas».
Se negó a admitir la existencia de medios de comunicación independientes, a mejorar la obtención de información mediante el acceso público y libre a Internet «aprovechando la reciente inversión en la red de fibra óptica».
Para el régimen cubano, quedó también fuera de toda consideración el poner fin a la utilización de cargos penales como «peligrosidad social pre delictiva», «desprecio» y «resistencia», y también la eliminación de las detenciones «de corta duración, el hostigamiento, y otras medidas represivas contra los defensores de derechos humanos y los periodistas».
El mecanismo Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU evalúa la situación de derechos humanos en un país y son los 47 estados miembros del más alto órgano de la ONU, que defiende la protección de estos derechos, los que proponen sus recomendaciones al país en cuestión. El Estado evaluado anuncia si acepta voluntariamente o no las recomendaciones del Consejo y cuáles someterá a análisis.
En mayo de este año, Cuba presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la mencionada organización internacional un informe gubernamental sobre los avances y aplicaciones de sus políticas de estado en esa materia, para someterlo a la evaluación de sus pares, los países miembros.
De acuerdo al portal de noticias Martí, el informe cubano dio cuenta del estado de los derechos económicos, sociales y culturales en el país, describiendo una Cuba que, en cuanto a la situación de los derechos civiles y políticos del país, dista mucho de los reportes de activistas al interior de la isla y de diversas organizaciones internacionales no gubernamentales sobre esos temas.
Por otro lado, el gobierno de Raúl Castro sí aceptó las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos referentes a la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como las del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
También “tomó nota” de aquellas que le recomiendan cooperar con los relatores especiales de la ONU que defienden temas de libertad de expresión, derechos humanos e independencia de jueces y abogados.
En el pasado, la comisión anterior al actual Consejo de Derechos Humanos supervisó la situación cubana mediante un Relator Especial de 1990 a 1998; no obstante, al enviado de la ONU nunca le fue permitido el ingreso a la isla. Otro Relator sobre Tortura sí fue invitado a Cuba pero el gobierno nunca fijó fecha.
Fuente: Centro Knight para el periodismo
