Desde el 12 de julio de 2013 el Estado venezolano asumió la presidencia temporal por seis meses del bloque regional Mercosur.

Tal responsabilidad le obliga a asumir una serie de compromisos en cuanto a organizar eventos y reuniones.

Algunos de ellos ya se han desarrollado o están en pleno desarrollo tales como la I Reunión de Autoridades y Expertos en Seguridad Informática y de las Telecomunicaciones.

Otra de las obligaciones que tiene es organizar la reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados (RADDHH). Esta reunión se realiza cada seis meses en el país que para ese momento presida Mercosur.

La RAADDHH está integrada por los titulares de los Ministerios, Secretarías, Direcciones o áreas gubernamentales equivalentes con principal competencia en materia de derechos humanos y por los titulares de las direcciones de derechos humanos o equivalentes de las Cancillerías de los Estados Parte y Asociados.

Entre las funciones de esta instancia se encuentran: contribuir a la consolidación de los derechos humanos como un eje fundamental del proceso de integración política y social del MERCOSUR; promover estrategias, políticas y acciones comunes en materia de derechos humanos; intercambiar experiencias y buenas prácticas en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas en derechos humanos; impulsar acciones comunes y debates que promuevan la implementación interna de estándares internacionales de derechos humanos.

En las reuniones también participan organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los temas de derechos humanos. Expresamente está establecido que se debe promover la más amplia participación social.

Corresponderá al gobierno, garantizar mecanismos adecuados para que las organizaciones de la sociedad civil del Mercosur participen. Aspiramos no se empeñe en excluir por discriminación política a importantes organizaciones de la sociedad civil venezolana y que de llegar a ocurrir el resto de Estados del Bloque Regional no lo permitan.

Otro compromiso del gobierno surgió de la última reunión de la RADDHH que se realizó en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el día 13 de junio de 2013.

El gobierno asumió la obligación de organizar un seminario de capacitación sobre el Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ello se inscribe dentro de la campaña que se desarrolla para que todos los Estados del Mercosur lo ratifiquen.

El Protocolo por la vía del artículo 31 de la Constitución permitirá llevar casos de derechos sociales al Sistema de Protección de Naciones Unidas.

El 04 de octubre de 2011 el gobierno venezolano suscribió el protocolo pero no dio continuidad al procedimiento internacional para su ratificación razón por la cual aún los y las venezolanas no podemos usar esa vía complementaria para obtener justicia en aquellos casos relacionados con derecho a la salud, educación, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo y libertad sindical entre otros.

Fuente: Provea