La orden fue dada por Miguel Eduardo Rodríguez Torres, Ministro del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz. Los empleados que no acaten esta medida, pueden ser objetos de sanciones disciplinarias.

Desde este lunes 16 de septiembre, los empleados del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) podrían ser objeto de medidas de sanciones disciplinarias, si ofrecen declaraciones a los medios de comunicación sobre las condiciones laborales del organismo.

Así se dio a conocer a través de la circular número 1095, que se entregó a todas las Notarías y Registros del país.

En la misma se indica que «por instrucciones del Mayor General (M/G)-grado militar que ostentan algunos militares en el país, acotación desde IPYS-Venezuela-Miguel Eduardo Rodríguez Torres, Ministro del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz, está prohibido a los Registradores Principales, Públicos, Mercantiles, Notarias Públicas y a todo el personal a sus cargos, dar declaraciones a los medios de comunicación social, en su carácter de funcionarios públicos adscritos al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)».

En el mismo orden se indica, «En tal sentido, se reitera a los Titulares de las Oficinas y a sus colabores que tal función es de la competencia exclusiva del ciudadano Ministro».

«Asimismo, notifico que en caso de inobservancia a las instrucciones impartidas por la presente circular, se aplicarán las sanciones disciplinarias correspondientes. Sírvanse dar estricto cumplimiento y notificar al personal a sus cargos del contenido de esta Circular».

En la carta aparece la rúbrica de Violeta Clavaud de Vegas, Directora General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), organismo donde se realizan los registros e inscripciones de documentos públicos y mercantiles.

La noticia de la periodista Blanca González, apareció publicada el día 17 de septiembre en el diario de circulación nacional El Mundo.

En la nota se indica que la orden se dio  luego de que varios  trabajadores del SAREN denunciaran a los medios de la Cadena Capriles varios hechos de «corrupción, malas condiciones laborales y bajo aumento salarial».

Los empleados del SAREN, calificaron esta medida  como una «violación flagrante al derecho a la libre expresión y a la protesta, y el comienzo de un estado policial de coacción y amedrentamiento», dice la nota de la periodista.

Publicado en: IPYS.org