Al finalizar en Sao Paolo su 68ª Asamblea General, la SIP denunció «una feroz ofensiva» de los Gobiernos de Argentina, Ecuador y Venezuela para «silenciar al periodismo independiente (…) mediante leyes regulatorias, discriminación de la publicidad oficial e inmensos aparatos mediáticos estatales y privados utilizados para difamar y hacer campañas de desprestigio contra los periodistas».

En términos generales, la institución indicó que «la violencia contra la integridad física de los periodistas y la creciente intolerancia de Gobiernos autoritarios constituyen los principales problemas que afronta la prensa independiente en el continente. En efecto, trece periodistas fueron asesinados en los últimos seis meses en México, Honduras, Brasil y Ecuador por el solo hecho de realizar su trabajo».

El documento final también cuestiona a Cuba, «donde continúa la política del amedrentamiento, habiéndose detenido en septiembre a 533 opositores, mientras que en Haití, Venezuela, Honduras y Perú se asiste a un alto grado de violencia contra la prensa. A su vez, en México, agresiones, amenazas y atentados representan el mal principal».

«En Ecuador la Justicia carece de imparcialidad y continúa agrediendo a medios y periodistas bajo un discurso oficial hostil que genera autocensura, en tanto que enBrasil la Justicia sigue fallando en contra de los medios para prohibir dar información», sostiene la SIP.

Por último, la SIP también advirtió que los Gobiernos de Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay promueven leyes que «restringen la tarea del periodismo».

Aquí un resumen de las conclusiones de la asamblea:

«La violencia contra la integridad física de los periodistas y la creciente intolerancia de gobiernos autoritarios constituyen los principales problemas que afronta la prensa independiente hoy en el continente.
En efecto, trece periodistas fueron asesinados en los últimos seis meses en México, Honduras, Brasil y Ecuador por el solo hecho de realizar su trabajo.
Y una feroz ofensiva encabezada por los mismos presidentes de los países busca silenciar al periodismo independiente en Argentina, Ecuador y Venezuela mediante leyes regulatorias, discriminación de la publicidad oficial e inmensos aparatos mediáticos estatales y privados utilizados para difamar y hacer campañas de desprestigio contra los periodistas.
Existe preocupación debido a que las reformas que están en consideración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para modificar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pueden debilitar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionado con la defensa de la libertad de expresión, así como a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de esa organización.
En Cuba, continúa la política del amedrentamiento, habiéndose detenido en septiembre a 533 opositores mientras que en Haití, Venezuela, Honduras y Perú se asiste a un alto grado de violencia contra la prensa. A su vez, en México, agresiones, amenazas y atentados representan el mal principal.
Leyes de prensa que restringen la tarea del periodismo son promovidas en Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay.
En Ecuador la justicia carece de imparcialidad y continúa agrediendo a medios y periodistas bajo un discurso oficial hostil que genera autocensura, en tanto que en Brasil la justicia sigue fallando en contra de los medios para prohibir dar información.
En Argentina la presidenta sigue sin dar conferencias de prensa y abusa de la cadena nacional para anuncios que no contempla la legislación, además de tergiversar estadísticas oficiales y mantener un costoso aparato de comunicación utilizado muchas veces para atacar a los críticos.
La amenaza a la prensa independiente puede tener un capítulo oscuro en diciembre, cuando el Gobierno pretende avanzar sobre los medios audiovisuales del Grupo Clarín desconociendo fallos judiciales y normas legales. Esos medios son los pocos que hoy informan con independencia del relato oficial.
En Nicaragua y Venezuela la publicidad oficial se entrega a medios afines y se niega a los críticos, mientras persiste el secretismo y la falta de acceso a la información pública.»

Fuente: SIP

Sobre Venezuela

CONSIDERANDO que el gobierno del presidente Hugo Chávez y el control que ejerce sobre los poderes públicos, le ha permitido aprobar y seguir imponiendo leyes y reglamentos denunciados como violatorios de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, negando esenciales derechos humanos como la libertad de expresión e información.
CONSIDERANDO que esas legislaciones favorecen la criminalización de la disidencia y la persecución simplemente por razones políticas sin el debido proceso.
CONSIDERANDO que la persecución policial, política y judicial contra el presidente de Globovisión Guillermo Zuloaga, contra el periodista y editor del diario El Nuevo País y la Revista Z, Rafael Poleo y contra la periodista Patricia Poleo, les ha obligado a estar en el exilio.
CONSIDERANDO que el juicio por haber publicado una foto que denuncia la violación de derechos humanos, un juez mantiene la causa abierta contra el diario El Nacional y el diario La Prensa de Barinas
CONSIDERANDO que el Estado Venezolano incumple la obligación dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de garantizar la libertad de buscar recibir y difundir información y el derecho a la integridad física a los periodistas y directivos de varios medios de comunicación en Venezuela (los más destacados Globovisión y RCTV).
CONSIDERANDO que continúan cerrados 34 emisoras (2009), el canal televisivo RCTV y RCTV Internacional.
CONSIDERANDO que el Principio 2 de la Declaración de Chapultepec establece que todas las personas tienen el derecho de buscar y recibir información, expresar su opinión y difundirlas libremente sin que nadie pueda restringir o negar esos derechos.

LA 68 ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE:

Exigir el cese de la persecución política, policial y judicial contra periodistas y directivos de medios.
Hacer un llamado a las autoridades de Venezuela a mostrar plena disposición y tolerancia al libre ejercicio de la libertad de prensa.
Solicitar al presidente Hugo Chávez la revisión y derogación de leyes que sean violatorias de los principios democráticos, de los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la información.
Exigir al gobierno el cumplimiento de la Constitución Venezolana y de los Tratados Internacionales.

Fuente: SIP