Nota de Prensa.- Como una burla hacia los trabajadores de Miranda, calificó la secretaría de Gobierno, Adriana D’ Elia, la reunión sostenida este martes en la Vicepresidencia de la República para exigir la cancelación de los más de 3 mil 354 millones de bolívares que adeuda el Ejecutivo central al Gobierno regional. Recursos necesarios, según explicó, para la cancelación de aguinaldos, homologación y otros pasivos laborales a los más de 35 mil servidores públicos del estado. 

“Esta reunión, a la que asistieron los representantes de nuestros trabajadores, fue un mareo. Hoy no tuvimos una respuesta clara. Más bien nos informaron que picarían en partes, los mil 600 millones que Nicolás Maduro anunció transferirían a Miranda y de la que ya el Clebm está pidiendo cuentas, en la sesión del 22 de octubre del Consejo Federal de Gobierno. Dijeron que de esa cantidad, solo transferirían 618 millones bolívares, que por cierto aún no entran a las arcas de la entidad y que no alcanzan ni siquiera para el pago completo de la primera parte de las utilidades de nuestros trabajadores”.

D’ Elía sostuvo que es inaceptable que a estas alturas del año, lejos de transferir lo que se le adeuda al Gobierno de Miranda, propongan unas mesas de trabajo. “Necesitamos una respuesta seria, no que nos caigan a cuentos e intenten marear a nuestros servidores, que tienen una familia a quien llevarles el pan. Los más de 35 mil trabajadores de Miranda merecen respeto, el mismo que el resto de los trabajadores de todo el país. ¿Por qué otras entidades federales, que tienen una participación menor del Situado Constitucional, reciben más recursos que Miranda? Distrito Capital, por ejemplo, recibe tres veces los recursos de Miranda. ¿Es que los trabajadores de Miranda son menos que los trabajadores del resto del país?”.

Cuestionó también el trato discriminatorio que el Gobierno central le da los docentes mirandinos. “Cómo es posible que Nicolás Maduro en cadena nacional anuncie el año pasado que le enviaría a las Gobernaciones los recursos para la homologación de docentes y a Miranda solo envía una mínima parte dejando por fuera parte de los compromisos que él mismo asumió con docentes activos y jubilados”.

Por su parte, el presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación del estado Miranda (Sutem), Franklin Velásquez, afirmó que lejos de instalar mesas de trabajo, lo que hace falta es voluntad política por parte del Gobierno nacional. “La palabra consternado sería poco para la respuesta que recibimos ante los planteamientos que venimos sosteniendo. Desde el mes de mayo hemos traído validadas nuestras deudas y hoy se nos quiere decir que para resolver el problema de Miranda hace falta una mesa técnica. Los trabajadores de Miranda estamos cansados que se nos dé un tratamiento discriminatorio. Es inaudito que a Miranda se le quiera tratar como el patio trasero de Venezuela”.

Mientras, el representante del Sindicato Único de Obreros de Educación, Alberto Rivero, aseveró que el Gobierno central se pone de espaldas a los trabajadores. “Tanto que Nicolás se ufana de llamarse a sí mismo el presidente obrero y resulta que nos da la espalda. Esa reunión, que accedieron a tener con todas las partes involucradas fue por pura cortesía, porque evidencia que el Gobierno central no tiene voluntad ni el mínimo interés de solucionar nuestro problema. A los trabajadores de Miranda nos quedó claro que la intención de este gobierno es asfixiar financieramente a quienes no comparten su ideología, sin importar llevarse por delante a los trabajadores y sus familias. Queremos recordarle a Maduro y a los del gobierno que sus diferencias son con el Gobernador, no nos metan en la diatriba política”.

Rivero aseveró que los trabajadores de Miranda no se quedarán de brazos cruzados y saldrán a la calle a defender sus derechos. “Si ellos piensan que nos quedaremos tranquilos están equivocados. Esta misma semana iniciaremos las reuniones con nuestros agremiados para organizar las acciones de calle. Nos mantendremos en la calle hasta que el gobierno transfiera los recursos para que se nos cancele lo que por ley nos corresponde. No es una limosna lo que estamos pidiendo, es el salario que sudamos y que es nuestro”.