Vía El Nacional
Con un exhorto general a los colegas para no ceder a las presiones del gobierno nacional para generar autocensura, el Colegio Nacional de Periodistas, reunido en una Junta Directiva ampliada, informó que el 2014 es el año de mayor cantidad de agresiones a los reporteros en los últimos 15 años, lo que pone a la democracia venezolana en una situación de franco deterioro.
La vicepresidente del CNP, Nikary González, junto a los demás miembros de la Junta Directiva Nacional y los secretarios generales de Distrito Capital, Anzoátegui, Carabobo, Cojedes, Táchira, Barinas, Bolívar, Miranda y Zulia, así como los miembros del Tribunal Disciplinario Nacional, evaluaron la situación de la prensa en Venezuela, y denunciaron el monopolio en la distribución del papel periódico por parte de la Corporación Maneiro, creada por el gobierno.
“Cómo vamos a mantener nuestro propósito de ser garantes de la libertad de expresión, ya que hay seis leyes o proyectos de estas en la Asamblea Nacional que atentan contra esta”, señaló González, que realzó el hecho de que en el parlamento se engaveten otras propuestas legislativas, como la Ley de Acceso a la Información Pública, propuesta en 2011, que de aprobarse facilitarían el trabajo de búsqueda de datos necesarios en la construcción de un debate público basado en la verdad.
Asimismo, el CNP rechazó el amedrentamiento continuo a los colegas, evidenciado en los casos de Pedro Pablo Peñaloza, Odell López y Hernán Lugo Galicia, que fueron etiquetados públicamente por el presidente de la Asamblea Nacional como adversos al gobierno; y otros periodistas a los que expulsaron de sus trabajos por posiciones que resultaron incómodas a sus jefes como Laura Weffer y Tamoa Calzadilla, de Últimas Noticias; y las colegas de Yaracuy, Rosa Virginia Garrido y Roselyn García, a las que se les permitió reengancharse a sus trabajos, y que el Consejo Legislativo estadal les ha negado.
El Colegio Nacional de Periodistas, según el artículo 5 de la Ley de Ejercicio del Periodismo, tiene como función servir de garante de la libertad de expresión en Venezuela.
