El presidente de Colombia, doctor Juan Manuel Santos, tomó la decisión de entregar al Gobierno de Venezuela al presunto narcotraficante Walid Makled, solicitado simultáneamente por los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. El presidente Santos actuó y actúa de manera apegada a las leyes, a los acuerdos suscritos entre Estados y consultando los intereses de Colombia como país. Hay un convenio de extradición suscrito entre Bogotá y Caracas, y no lo hay entre Bogotá y Washington y, por otra parte, Venezuela hizo primero la solicitud de entrega.

De no haberse dado estas circunstancias y haber tomado Santos la decisión de entregarlo a uno u otro Gobierno, sin tales precedentes, el cuestionamiento habría sido inevitable y generado tensiones entre los países, y muy especialmente entre Colombia y Venezuela. La razón es evidente: para el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías la entrega de Walid Makled a Estados Unidos habría sido un hecho de gravedad por las implicaciones subsiguientes de sus declaraciones, testimonios y pruebas. Enviado Makled a Venezuela el asunto no deja de ser grave, pero al Gobierno, como en otras ocasiones, no le escasean los recursos para manejar la crisis. No cabe duda de que en estas materias el régimen tiene expertos muy hábiles.

Luego de la entrevista concedida por Makled al periodista Casto Ocando y trasmitida el fin de semana por Univisión, se suscitó en Venezuela un debate que parece dar la pauta de lo que será el juicio del procesado. Tanto el Partido Socialista Unido de Venezuela como la fracción oficialista de la Asamblea Nacional se negaron rápidamente a examinar las declaraciones de Makled. ¿Por qué?

Otro elemento que adelanta lo que puede venir cuando Makled sea entregado y se inicie el juicio, lo constituyeron las afirmaciones de altos personeros cuestionando la veracidad del personaje y reclamando casi como desafío la entrega de pruebas. Una posición más discreta la tuvo, por cierto, el ministro de la Defensa, quien dijo que todo sería investigado. En materia de pruebas, Makled ha sido enfático en varias ocasiones y lo reiteró en la entrevista de Univisión. De manera que resulta banal pedirle al acusado pruebas antes de tiempo. Es algo que deberá resolverse en los tribunales, y no afuera.

Los medios oficialistas cometieron el disparate de repetir una y otra vez que la oposición estaba convirtiendo a Makled en su héroe. Una manera poco inteligente de tratar el espinoso asunto. Y, sobre todo, de sacarle el cuerpo al antiguo protector del oficialismo. Lo que puede tenerse por seguro es que una vez que Walid Makled sea entregado al Gobierno ningún medio independiente podrá tener acceso a él, como ha ocurrido en Colombia. Quedará prácticamente incomunicado, como sucede con tantos otros procesados. Es probable que, en un momento dado, periodistas internacionales tengan interés en entrevistarlo, puesto que mucho de lo que se revele a lo largo del juicio podrá tener implicaciones que afecten a otros países.

Algo muy importante vinculado con el caso se han planteado en Colombia dentro y fuera del gobierno de Santos. La pregunta se ha formulado así: ¿Estará el Gobierno de Venezuela dispuesto a compartir con Estados Unidos la información pertinente sobre las redes del narcotráfico que ingresan drogas a ese país? Al parecer, el Gobierno colombiano confía en que la data no sea negada.

Los voceros del oficialismo que se han adelantado a dudar o cuestionar las pruebas del procesado, deben responder preguntas que no necesitan pruebas para ser formuladas. Por ejemplo:

¿Por qué y quién decidió en el Gobierno otorgarle al señor Walid Makled la concesión de la administración del primer puerto de Venezuela, como es Puerto Cabello?

¿Por qué y quién decidió en el Gobierno otorgarle al señor Walid Makled la concesión para operar una compañía aérea?

¿Por qué y quién decidió en el Gobierno otorgarle al señor Walid Makled la concesión para comercializar la urea producida por la petroquímica del Estado venezolano?

¡Por un juicio público para Walid Makled!

Caracas, 10 de abril 2001