Desde su presentación en los tribunales, los jóvenes permanecen recluidos en la sede de la Policía del Municipio Chacao, donde han sido víctimas de torturas y malos tratos
Torturas, malos tratos, denegación de justicia y procesos lentos forman parte del drama vivido por seis estudiantes venezolanos detenidos el pasado 12 de febrero en Caracas, cuando se iniciaron las protestas masivas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, quienes cumplieron el miércoles un mes tras las rejas.
Dos alumnos de bachillerato, Marco Aurelio Coello (de 18 años) y Demian Martín (que cumplió los 19 en prisión) integran el grupo de detenidos en el que además hay dos jóvenes padres, Luis Felipe Boada (de 25) y Christian Holdack (de 34), junto con Nelson Gil Palma y Ángel González.
Todos fueron capturados en diferentes incidentes relacionados con la quema de cuatro vehículos policiales tras finalizar la marcha estudiantil celebrada hace un mes con motivo del Día de la Juventud. Durante la jornada fueron apresados 36 manifestantes sólo en Caracas. Allí empezó su calvario.
Abusos y torturas
A Nelson Gil Palma, de 22 años, un estudiante de inglés que abandonó su carrera de Administración este semestre para ayudar a su hermano a pagar el suyo, lo capturaron cerca de la Fiscalía. Era la primera vez que iba a una marcha y desde su detención sólo ha visto a su familia cuatro veces, aseguró su madre, Luxoria Palma.
Ángel González, de 19 años, fue detenido mientras grababa con su celular cómo se quemaban varios vehículos. Un policía lo agarró del brazo y se lo llevó. El estudiante de Relaciones Industriales pasó cinco horas arrodillado, con las manos esposadas, mientras esporádicamente lo pateaban y le halaban el cabello (lo tiene largo), contó su tía Carmen González.
Por su parte, Demian Martín fue detenido cuando abandonaba la manifestación, tras intentar rescatar a una compañera que estaba siendo maltratada y fue aprehendida junto a él y liberada al día siguiente. El joven fue golpeado en el cuello. Le rompieron la boca y sus manos terminaron laceradas, detalló su madre, Jennifer García.
Luis Felipe Boada, quien estudia último semestre de Administración de Empresas, estaba dentro de un edificio cuando efectivos policiales lo sacaron a golpes junto a otros compañeros. Eran seis muchachos y una joven a quienes posteriormente soltaron, aunque dos de ellos tienen régimen de presentación.
Boada está casado y es el padre de un niño de cinco años. Tras su captura, fue torturado en los calabozos de la policía científica. “Lo golpearon en la cara, unos le daba patadas en las costillas y otros por las piernas, lo rociaron de gasolina, y le taparon la cara con su franela. Le decían que lo iban a prender”, relató su madre, Beatriz Boada.
Marco Aurelio Coello fue envuelto en una goma espuma, lanzado al piso y golpeado con palos y extinguidores en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC). Además de los golpes lo rociaron con gasolina y lo torturaron psicológicamente para que confesara que habían participado en la quema de los carros policiales, relató su madre, Dorys de Coello.
La rutina de la detención
Tras su detención, los jóvenes permanecieron incomunicados en los calabozos del CICPC durante 48 horas hasta que fueron presentados ante los tribunales el día 14 de febrero. La audiencia comenzó a las 11 p.m. y terminó hacia las 5 a.m., cuando la jueza dictaminó privativa de libertad por los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, incendio y daños materiales.
El hecho de que las actuaciones judiciales se estén realizando en la noche, constituye un hecho totalmente irregular, denunció la madre de Marco Aurelio Coello. Desde su presentación en tribunales, los jóvenes permanecen recluidos en la sede de la Policía del Municipio Chacao, en el este de Caracas, donde pueden recibir una visita semanal de dos horas.
“En esos minutos uno trata de que se rían, dentro de lo que cabe, que no lo vean a uno dolido. Se comparte, se habla y ellos comen. A veces están tranquilos, pero otros días están monosilábicos”, afirmó Luxoria Palma, la madre de Nelson Gil.
Los representantes de los detenidos se turnan para llevar cada semana la comida a todos los muchachos. “Somos seis familias que no nos conocíamos y estamos ahora unidos en este dolor y el desespero de no saber cuánto tiempo van a estar allí nuestros hijos, sin ser culpables de nada», declaró Carmen González. “Esta situación nos ha quitado la tranquilidad, tenemos la vida de un hilo”, agregó.
Tras un mes de detención los jóvenes comienzan a manifestar el estrés postraumático. “No pueden dormir, concilian el sueño tres horas como máximo y están permanentemente muy asustados”, relató Dorys de Coello. Nelson Gil, quien participaba en su primera marcha, ahora afirma que no volvería a otra.
Los seis jóvenes cumplieron un mes detenidos y todavía desconocen cuál será su futuro. La fiscal aún tiene 15 días para presentar su acto conclusivo ante el Tribunal 16 de Control que lleva el caso. La semana pasada se pidió la revisión de la medida de privación de libertad, pero aún no hay respuesta.
Para Neida Pérez, abogada defensora del grupo de jóvenes, es un caso claro de denegación y retardo de justicia. “Hemos solicitado pruebas anticipadas, reconocimientos médicos, revisión de medidas y se apeló la privativa de libertad. Pero seguimos sin obtener noticias en los tribunales».
FUENTE: Diario Las Américas
