Los 15 años de Gobierno chavista han convertido a Venezuela en uno de los cinco países más violentos del mundo, con 79 homicidios por cada cien mil habitantes en el 2013. Una tasa que triplica a la de países como México y Colombia que mantienen una lucha contra el narcotráfico y una guerra de guerrillas, respectivamente.

Desde 1998 -cuando Chávez asume el poder- el Estado permite el surgimiento de la violencia política como una manifestación especifica del poder social. Como lo señala Frederick Engels en su obra Anti-Duhring (1877): «el poder, la violencia, no es más que el medio, mientras que la ventaja económica es el fin” (Socialismo del Siglo XXI; Estado Comunal).

En consecuencia, el principal organizador y concentrador de la violencia estructural es el Estado que se expresa a través del poder social de clase, en la que señala que los oligarcas y la propiedad privada son los causantes de la condición de vida de los sectores débiles de la sociedad.

Esto crea un marco donde la violencia es parte activa de la estructura social, no solo un instrumento o medio de lucha, sino sobre todo un modo de conflicto. Es así, como en el período comprendido entre 1998 y 2003 la cantidad de homicidios anual incrementa en un 150%; pasa de 4.550 a 11.342 homicidios como puede apreciarse en el gráfico.

Era un momento en el cual la sociedad venezolana vivía procesos sociales que desembocaron en la salida del presidente – en abril de 2002- y se produjo un paro nacional convocado por el sector privado y la principal central obrera del país –en diciembre de 2002-.

La respuesta del Estado fue la violencia militar a través del fortalecimiento de las organizaciones paramilitares de izquierda conocidas como colectivos en las principales ciudades: La Piedrita, Montaraz, Simón Bolívar, Los Tupamaros y Alexis Vive, entre otros. Así mismo, en el 2005 fueron creadas las milicias bolivarianas como un componente cívico-militar para la defensa integral de la revolución.

Así se generaron las condiciones para “una guerra de todos contra todos” (Thomas Hobbes, Leviathan -1651), presentándola como un conflicto interno o una guerra civil, para evitar la intervención de la comunidad internacional mientras se esgrimía el argumento de la autodeterminación de los pueblos.

En el 2013, la violencia alcanzó una cifra record de 24.736 homicidios, con un incremento interanual de 10% entre 2006 y 2012, duplicándose el último año (20%).

En el informe de ese año, el Observatorio Venezolano de Violencia señaló que los homicidios “continuaron con un crecimiento en las grandes ciudades que ha acompañado el cambio poblacional de las urbes; y se encontró un incremento superior en las ciudades medianas y pequeñas, zonas hacia las cuales se desplazó el delito violento”.

La muerte de Mónica Spear, la semana pasada, ha puesto en el tapete la violencia política que ha vivido el país durante el régimen Chávez-Maduro.

El Gobierno de Maduro usa esa violencia ante el momento de crisis social que atraviesa el país por la escasez de alimentos, y la más alta inflación del mundo. Su expresión paramilitar -la delincuencia o hampa son una manifestación- es sobre todo una relación de poder para someter a la población.

Maduro entiende que para continuar “radicalizando la revolución”, es decir, la cubanización de Venezuela, requiere seguir utilizando la violencia política. Una decisión que le permite cercenar parte de la libertad del individuo y por ende aislar a los factores de oposición al imponer un toque de queda durante las noches, por el miedo a perder la vida.

La violencia política debe ser enfrentada tanto en el terreno material como en el político e ideológico, es un fenómeno multidimensional.

Fuente: Revista Perspectiva