Por BORIS SAAVEDRA
“Durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro la acumulación de poder en el Ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie a sus críticos”, denuncia la organización internacional promotora de los derechos humanos Human Rights Watch.
En su informe anual, presentado por José Miguel Vivancos, director de la división de Las Américas, la organización hace una valoración negativa en aspectos sensibles a los derechos humanos en el capítulo que corresponde a Venezuela. Sobre la libertad de información expresa que el gobierno ha ampliado y ejercido los controles, de forma “abusiva”, sobre el contenido de los medios de comunicación en la última década. “Si bien en algunos periódicos y estaciones de radio aún es habitual que se critique enérgicamente al gobierno, se ha evidenciado la autocensura por temor a represalias”, se indica en el documento.
Luego se hace un recuentro de varios casos que desde el año 2010, de acuerdo con Human Rights Watch, han restringido la libre circulación de las opiniones en los medios. “El gobierno también ha adoptado medidas enérgicas para reducir la disponibilidad de medios de comunicación que ofrecen una programación crítica del gobierno”, se agrega en el informe. El organismo destaca la salida del aire del canal de señal abierta RCTV, las sanciones administrativas y multas que recibió el canal de noticias Globovisión antes de cambiar de dueños.
“El gobierno también ha adoptado medidas arbitrarias de censura y sanción contra otros medios de comunicación”, añade. Como ejemplo, se refieren a la multa que recibió el diario El Nacional por la publicación de una fotografía en primera plana en la que se mostraba el estado en el que se encontraban los cadáveres en la morgue de Bello Monte, en Caracas. Además, indican que la prohibición emanada por un tribunal de no publicar imágenes e informaciones de violencia por parte del periódico es una demostración de la censura a la que están sometidos los medios.
Como el hecho más reciente señalan que en noviembre de 2013 el órgano que regula a los medios de transmisión inició una investigación administrativa contra ocho proveedores de Internet por haber permitido que en sitios web se publicara información sobre el tipo de cambio extraoficial, y amenazó con revocar la licencia si no bloqueaban inmediatamente esas páginas. Varios días después, pidió a Twitter que suspendiera cuentas vinculadas con esas web.
Sin ayuda internacional
En junio 2013 Venezuela asumió la presidencia pro témpore del Mercosur. Human Rights Watch explica que ese bloque de países no ha cumplido los acuerdos suscritos por sus integrantes al no tratar temas como la ausencia de independencia de poderes y los intentos del gobierno venezolano de debilitar las garantías de los derechos humanos.
Destaca la decisión del gobierno de Venezuela de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual impide que los venezolanos puedan acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando agoten todas las instancias en Venezuela o no sean efectivas. Además, hacen referencia al apoyo que el gobierno venezolano hizo a una campaña de Ecuador para socavar la independencia de la CIDH y limitar el financiamiento y la efectividad de su relatoría especial sobre libertad de expresión.
Deterioro de las cárceles
En el informe se señala que varios ejemplos evidencian el retroceso de Venezuela en materia de derechos humanos. Incluyen la violencia luego de las elecciones presidenciales del 14 de abril; la detención de la jueza María Lourdes Afiuni; la acusación a la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, de estar al frente de una campaña psicológica contra las políticas del gobierno; la designación de militares para la custodia de la seguridad ciudadana por considerar que no es un cuerpo capacitado para ese fin; entre otras. Además, destaca que la poca atención a los centro de reclusión es un síntoma de la violación de los derechos humanos.
“Las cárceles venezolanas se ubican entre las más violentas de América Latina. Diversos factores como seguridad deficiente, deterioro de la infraestructura, sobrepoblación, falta de personal suficiente y capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas tomen el control de las cárceles. Cada año se producen cientos de muertes violentas en esos establecimientos”, se expone en el documento.
Como ejemplo, citan que en enero de 2013 56 reclusos y un guardia nacional murieron en un enfrentamiento entre presos y miembros de esa fuerza; y que luego se aplicó fuerza letal en una requisa para buscar armas en la cárcel de Uribana, en Lara.
