El abogado y director del Foro Penal Venezolano dice que los ciudadanos de su país se sienten marginados de la protección internacional

Alfredo Romero es el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, una de las principales organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos en Venezuela. Romero habló con El Espectador sobre los jóvenes que han sido detenidos, torturados y asesinados durante las protestas antigubernamentales que estallaron en el país.

A un año de la muerte de Chávez, ¿cómo ha evolucionado la situación de derechos humanos en el país?

Evidentemente ha empeorado. No había existido una mayor cantidad de detenciones múltiples como la que hay desde el 2 de febrero. Hasta la tarde del martes se habían hecho 1.030 detenciones, sin incluir las del miércoles. Las detenciones han venido acompañadas de una represión que ha sobrepasado el nivel de lo que se dio en los últimos 15 años.

Se han repetido casi que de manera regular los ataques con perdigones en la cara. Se han reportado muchas torturas y agresiones en centros de reclusión. Algo que no habíamos visto nunca es cómo ingresa la Guardia Nacional a las residencias, no sólo para llevarse a las personas de sus propias casas, sino disparando indiscriminadamente perdigones o lacrimógenos contra las viviendas donde hay adultos mayores y niños. Eso se ha repetido en Táchira, Carabobo y Zulia.
También se habla de detenidos incomunicados.

Eso tampoco se había visto antes. Como defensores de derechos humanos, no es la primera vez que asistimos a detenidos arbitrariamente, a presos políticos. Antes podíamos, al menos, ingresar a los centros de reclusión y verificar sus condiciones de salud. Hoy eso está básicamente prohibido, violando así la Constitución, la ley y los tratados de derechos humanos. Les hacen firmar actas donde dicen que tuvieron contacto con el abogado cuando en realidad no lo tuvieron, y menos con sus familias. La incomunicación está acompañada normalmente de agresión y tortura.

¿La tortura es sistemática?

Sí. No lo digo sólo por lo que ha ocurrido ahora. La última manifestación importante antes de las actuales fue después de las elecciones presidenciales de abril. En esa oportunidad, hubo 179 detenciones de estudiantes en un día, sobre todo en Barquisimeto, Valencia y Barinas. Se empezó a ver el esquema sistemático de torturas y así lo denunciamos. Hasta el día de hoy, la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada frente a esas denuncias. ¿Por qué? Eso también lo he denunciado ante la Corte Penal Internacional: la Fiscalía actúa como un órgano que no sólo justifica sino defiende y protege al esquema sistemático de agresiones que se producen en el país.

¿Hay un patrón general de las torturas?

La utilización de perdigones a quemarropa es común. El caso más grave de los recientes resultó en la muerte de la joven Geraldine Moreno en Valencia. Le dispararon tan cerca que el cartucho no se abrió, entró por el ojo y le atravesó el cerebro hasta la nuca. Casos como este se repiten constantemente, aunque las otras personas no han resultado muertas, pero sí con daños importantes, irreparables. Esto es lo que más se repite, pero también los golpes y la utilización de cascos para golpear a las personas. Hay por lo menos un caso de abuso sexual en Valencia, el de Juan Manuel Carrasco. La fiscal lo niega sin siquiera revisar la información, cuando a nosotros nos consta en los exámenes médicos que la violación ocurrió. Hay por lo menos otros tres casos de descargas eléctricas contra personas en centros de reclusión.

¿Qué cifra hay de manifestantes asesinados?

Tenemos ocho casos en las protestas. Hacemos referencia a los muertos en manifestaciones, pero recuerde que en Venezuela son asesinadas por lo menos 53 personas diarias, más de 1.500 al mes, más de 24.000 durante el año pasado.

¿Cuál es el papel de los colectivos del chavismo en esos asesinatos?

Un papel protagónico. Se han visto involucrados en varias ocasiones, con la aquiescencia o la omisión de la propia Guardia Nacional y la Policía Nacional. Los asesinatos de Bassil Dacosta, Roberto Redman, Juan Montoya y Génesis Carmona se han visto relacionados con la presencia de colectivos. Es un esquema que se utiliza para establecer la impunidad, porque no se trata de un funcionario policial cuya arma o bala están registradas, sino de una persona que actúa ilegalmente. Desde el punto de vista criminalístico se hace más difícil ubicar al responsable, porque la bala normalmente está relacionada con un arma desaparecida, sin serial, no registrada.

El año pasado se hizo efectivo el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Estos nuevos casos tienen esa puerta cerrada?

Definitivamente, se va a sentir el efecto de la salida de la Corte. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía puede hacer informes y pronunciarse en relación a Venezuela. Aunque se sentirá el efecto en el Sistema Interamericano, que el Foro Penal ha utilizado desde hace mucho tiempo, existen alternativas que vamos a utilizar en la ONU. Allá hay mecanismos que pueden funcionar respecto a las detenciones arbitrarias y la tortura.

La OEA podría discutir próximamente sobre Venezuela. ¿Qué espera de este organismo?

Siento una gran desilusión con el gobierno colombiano, porque muchos colombianos se encuentran en este país y han sido agredidos y sus derechos han sido violados. No comparto la posición del presidente Santos. Por omisión, encubre las violaciones, porque cuando uno omite pasa a ser encubridor, sobre todo teniendo en cuenta su responsabilidad tan importante como presidente de un país hermano.

Espero que esa actitud de Colombia y otros países que nos desilusionan, como Chile, cambie, porque Venezuela acogió a los chilenos en sus peores momentos de persecución. Tengo esperanzas de que lo que ha pasado en Venezuela de alguna manera modifique esa actitud que han tenido los miembros de la OEA y que ésta no siga siendo un esquema para proteger a los abusadores sino a los ciudadanos. Hasta ahora nos hemos sentido marginados de la protección de los organismos internacionales.

¿A qué cree que se debe ese silencio generalizado en la región?

Al oportunismo. Es la diplomacia de la billetera, de la conveniencia. Hace poco veía que hay papel higiénico de la marca Alba financiado por Venezuela en países del Alba, mientras en Venezuela casi no existe ese papel. Hace poco estuve en Managua, quedé impresionado de ver los supermercados llenos de jabón, leche y hasta harina para pan venezolana que no se encuentran en Venezuela. El gobierno prefiere comprar, porque esa es la palabra, a gobiernos de otros países para que no lo critiquen, mientras va pisoteando y haciendo pasar hambre al pueblo venezolano.

FUENTE: El Espectador