La Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, inició este miércoles 5 de abril el procedimiento para destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que firmaron las sentencias 155 y 156, a través de las cuales se adjudicaban las funciones del parlamento. Sin embargo, a pesar de las protestas generadas y los exhortos internacionales para que restituya el orden democrático en el país, la iniciativa de remociòn debe ser respaldada por al menos dos de los tres miembros del Poder Ciudadano -formado por la fiscal, el contralor y el defensor del pueblo- que en su mayoría están alineados con el presidente Nicolás Maduro.

La crisis política en Venezuela se agudizó la semana pasada cuando la Sala Constitucional del TSJ, conformada por siete magistrados, anunció dichas sentencias atribuyéndose las facultades del Legislativo. La decisión, que fue criticada por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, fue posteriormente revertida de forma parcial a petición de Nicolás Maduro.

Miles de opositores salieron el martes a las calles a protestar asegurando que, a pesar del recule de la Justicia, existe en Venezuela una «dictadura» que apresa disidentes, viola derechos humanos y cercena al Congreso.

«Todo está configurado para que esta Asamblea Nacional pueda remover a los magistrados. No va a ocurrir en esta sesión, pero hoy comienza el procedimiento de remoción de estos magistrados», dijo el diputado opositor Juan Miguel Matheus. Más temprano, el ex presidente del Congreso, Henry Ramos, insistió en que «el golpe de Estado sigue», al opinar sobre las sentencias modificadas.

Para la sesión del miércoles, la mayoría de los diputados llegó al hemiciclo de madrugada buscando garantizar el debate; no obstante, este tuvo que ser suspendido porque la policía y grupos de choque que apoyan al Gobierno les impidieron el paso.

La oposición convocó nuevamente a los venezolanos a salir hoy jueves a las calles para presionar por la libertad de un centenar de presos políticos y la convocatoria a elecciones generales.